Entrevista de Marcela Salas Cassani
Cuando las empresas trasnacionales saquean los recursos
naturales “desaparecen pueblos y nadie es responsable, mueren gente y
nadie es responsable, se gastan el dinero y no hay obra y nadie es
responsable. Son cosas que suceden en este país”
México
DF. A pesar de los embates cada vez más agresivos del Estado para
imponer proyectos “de desarrollo” millonarios a costa de la
contaminación de la tierra y la desaparición de pueblos milenarios, la
gente de abajo continúa organizándose para defender sus territorios. Así
lo explica en la siguiente entrevista para Desinformémonos Francisco
López Bárcenas, destacado teórico del derecho indígena, asesor agrario y
asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1995 a
1996, durante la elaboración de los Acuerdos de San Andrés.
Tipos de acumulación y apropiación de recursos naturales
El tipo de acumulación capitalista en esta coyuntura es una
acumulación extractiva. No está en la industria ni en la explotación de
la mano de obra lo fuerte de la acumulación, sino en la apropiación de
los recursos naturales. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es
que se están cosificando los bienes naturales, y es un cambio bastante
profundo.
Los liberales del siglo XVIII, cuando hicieron las primeras leyes de
apropiación – el Código Civil Napoleónico, por ejemplo – dijeron que
había ciertos bienes que tenían que ser comunes, porque privatizarlos
era poner en peligro la existencia de la vida, por ejemplo el agua y la
comida. Incluso en nuestro código civil y en casi todos los códigos del
mundo aún existe eso; sin embargo, son esos bienes comunes los que ahora
están entrando al mercado y están siendo privatizados.
A los muchos otros tipos de apropiaciones extractivas, como el
petróleo, la minería y las grandes represas, que ya tienen una tradición
muy fuerte, se suman ahora los eólicos, el uso para fines industriales
del agua, y los saberes populares. Esto trae como consecuencia el
despojo de los recursos naturales.
Hay muchos tipos de megaproyectos. Los que ya tienen décadas, como el
petróleo, las represas, la expropiación de terrenos para usos de obra
pública – o por lo menos con ese argumento –, pero ahora estamos viendo
otro tipo de proyectos: el uso del agua y el viento con el argumento de
hacer energía limpia, los transgénicos, con el argumento de darle de
comer a la gente. Es decir, argumentos que no se sostienen.
De cómo entran al país y cómo operan las empresas trasnacionales
Las empresas trasnacionales que llevan adelante los megaproyectos,
logran entrar al país fundamentalmente a través del Estado, pero no el
que nos imaginamos, o nos enseñaron en la escuela, porque de los años
ochenta para acá, el Estado se ha transformado. Dejó de ser el Estado
benefactor que procuraba el bienestar de la gente, que hacía obra
pública para satisfacer necesidades, que invertía en educación, salud,
vivienda y cultura. Ahora tenemos un Estado que no se preocupa en lo
absoluto de nada de esto, y que más bien parece gerente de las empresas
trasnacionales. El gran cambio es que antes los políticos tenían
relaciones con los empresarios, y ahora los empresarios se han vuelto
políticos. Un caso muy específico es el de Luis Téllez, quien operó la
reforma al artículo 27 y es socio de las empresas mineras mexicanas; los
secretarios que ha tenido Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) vienen de la
iniciativa privada dedicada a los alimentos o a la producción de
alimentos, los secretarios de Economía que tenemos, antes ya fueron
funcionarios en alguna empresa, entonces los secretarios son políticos, y
lo que hacen no es favorecer al país, ni proteger los recursos
naturales. Están favoreciendo a las empresas. Yo creo que así han
llegado.
La otra transformación del Estado ha sido en materia legislativa.
Muchos vimos la reforma al artículo 27 como la privatización de la
tierra, pero fue un error verlo así. La tierra no se privatizó, lo que
buscaron fue meterla a un esquema de flexibilización de mercado que
buscaba fundamentalmente rentarla, la renta subido impresionantemente.
Las mineras, las eólicas y todas estas empresas buscaban rentar la
tierra, a ellos no les interesa la tierra como propiedad. A quienes sí
les interesa es a los inmobiliarios y a la gente de los proyectos
turísticos, pero en realidad ha habido pocas ventas en estos rubros.
Las leyes que se han modificado sustancialmente para favorecer a las
empresas son la ley de aguas, la ley de minas, la ley de vida silvestre
por los recursos genéticos y se hicieron otras leyes en áreas donde no
había legislación: la ley de variedades vegetales, por ejemplo, para que
se pueda modificar la cadena genética de las plantas.
La modificación de las instituciones es otra de las formas en la que
las empresas trasnacionales han logrado entrar al país a través del
Estado. Semarnat (Secretaría de Medios Ambiente y Recursos Naturales) es
ahora una súper secretaría porque se encarga de todo lo que tiene que
ver con impacto ambiental. Otro ejemplo es la Secretaría de Energía, que
creó la Dirección Geológica Mexicana, toda la información sobre
minería. Se han ido creando instituciones, a modo, para cada tipo de
megaproyecto.
El Estado dice que permitiendo la entrada de empresas que exploten
los recursos naturales va a traer desarrollo, progreso, trabajo y
capital para inversión. Y sí hay trabajo, pero para pocos y por poco
tiempo. El problema es que una vez que las empresas entran, el gobierno
“las deja hacer”, literalmente.
Las hidroeléctricas, por ejemplo, podría pensarse que las maneja el
Estado, pero no es así. Las concesiona y hay algunas que ni siquiera han
entrado en funcionamiento, hay otras que funcionan al 10 por ciento de
su capacidad, otras que ya se azolvaron, otras que ya terminaron su
tiempo de vida útil. El caso más dramático es Arsediano es Nayarit:
proyectaron la presa, descubrieron que era zona sísmica, la siguieron
proyectando y ya que estaba casi terminada, dijeron que ya no lo iban a
hacer. Pero ya se habían gastado todo el dinero, y además, destruyeron
el pueblo, lo dinamitaron, corrieron a la gente, y todo para nada. Eso
es un salvajismo total.
Hay otras presas, como la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, que fue
construida hace 40 años y ya va a terminar su vida útil. Desplazaron
como a 22 chinantecos, la mayoría fue enviada a Veracruz, y es la fecha
en la que todavía no los indemnizan, después de 40 años.
(Jacob)Rousseau ya veía esta situación desde el siglo XVIII. Llamaba a
los que hoy sería las empresas, poderes salvajes. Argumentaba que son
poderes que están fuera de la legalidad. No es que sean ilegales, sino
que están fuera de la legalidad porque los afectados no pueden hacer
nada en contra de ellos. Son privados, pero actúan como si fueran
públicos. Violan los derechos, pero no te puedes amparar porque ellos no
son la autoridad. No los puedes demandar porque nunca vas a ganar un
juicio contra ellos. Son poderes salvajes en el sentido de que no están
civilizados y no ajustan sus actitudes a la legislación.
Se violan toda clase de leyes, y nadie es responsable
Estas empresas trasnacionales violan, en principio, la Constitución,
que dice que los recursos naturales deben ser para el bienestar del país
y que se deben distribuir equitativamente para su conservación y para
cuidar el medio ambiente. Esas cuatro cosas están en el artículo 27.
Ninguna se cumple.
Más específicamente, podemos clasificar las leyes que se violan, en
dos tipos: unas que regulan directamente y otras que regulan de manera
indirecta. En el caso de la industria eólica, por ejemplo, estamos
hablando de producción de energía. Está involucrada entonces la
Secretaría de Energía y las leyes que tengan que ver con la energía.
Pero los permisos tienen que ver con la ley agraria, para las cuestiones
de renta de tierra y uso de suelo, y este a su vez, se regula con leyes
municipales. El impacto ambiental tiene que ver con la Semarnat. Y si
se trata de lugares en donde hay pueblos indígenas, debe tomarse en
cuenta el convenio 169 y toda la legislación internacional. En el caso
de la minería y el agua hay otras leyes muy específicas. Son muchas
leyes las que se violan.
En muchos casos, sin embargo, puede llevarse a cabo el saqueo de los
recursos naturales incluso sin violar las leyes. En el caso de
específico de las minas, la Constitución dice que los privados pueden
explotar los recursos minerales de la nación sin consiguen una
concesión, y no hay ningún requisito específico para obtener la
concesión. Entonces el presidente puede otorgar concesiones a quien se
le antoje, y así lo ha hecho. Esto puede ser injusto, pero es legal.
Después deben pedir permiso para el uso de la tierra – porque la
concesión es sólo para la explotación del mineral, no de la tierra – y
aquí ya entramos en material de recursos campesinos.
La ley agraria dice que la tierra se puede vender, rentar y
expropiar, las empresas podrían escoger cualquiera de estas opciones.
Podrían rentar la tierra por 30 años, por ejemplo. Se pagan normalmente
como mil pesos al año por hectárea. En 30 años un campesino ganaría 30
mil pesos, en el mejor de los casos. Evidentemente podrían pagar mucho
más. Pero el problema es que no quieren pagar absolutamente nada.
En la resistencia que han emprendido muchos pueblos contra estos
proyectos, hay gente que recurre al derecho y a las denuncias. Y han
ganado infinidad de juicios que nadie respeta. Minera San Xavier ha
ganado cinco amparos y sigue trabajando como si no pasara nada. Igual
sucede con la presa El Zapotillo, ha ganado amparo tras amparo y dos
juicios administrativos, tiene recomendación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para que no violen derechos, y siguen trabajando. En
Barrancas del Cobre, los rarámuri ganaron un amparo contra un proyecto
turístico, y no pasa nada.
¿Cómo consiguen esto las empresas? Fundamentalmente porque se ha
llegado a un nivel en el que las leyes no sirven para defender derechos,
porque hay una clase política ligada a estos proyectos que hace todo lo
posible porque sigan adelante y porque las empresas tienen un poder
fortísimo.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas que se transgreden
está, en primer lugar el derecho mismo a ser un pueblo indígena. Cuando
hay una empresa que decide instalarse sin que le importe quien viva ahí,
les está negando el derecho a que se reproduzcan como pueblos. El
derecho al territorio, para sembrar alimentos, hacer prácticas
culturales, para convivir, también les es negado, así como el derecho a
su propio desarrollo porque con los megaproyectos se impone, además, una
visión de cómo debe ser el mundo. No se les pregunta a los pueblos,
¿cómo quieren que sea?
Otro asunto que entra en juego cuando llegan trasnacionales a pueblos
indígenas es el derecho a la consulta, que, aunque indirecta, es una
forma de participación política. Pero como no hay una vida democrática
en el país, nadie consulta a los pueblos y si se consulta no se sabe
quién consulta y para qué. Ese es un gran problema, porque el Estado
está dejando que las empresas consulten y se está desentendiendo de una
obligación. Los pueblos deben ser consultados de la forma en que ellos
acostumbran resolver sus problemas, a través de sus autoridades
legítimas, y en los tiempos que ellos acostumbren hacerlo. Eso dice la
legislación internacional, pero, nuevamente, son leyes que en este país
no se cumplen, y eso está significando un problema grave en términos de
destrucción del tejido social.
Destrucción del ambiente, del tejido social y de la riqueza cultural
No hay megaproyecto que no destruya el ambiente. Hay dos tipos de
contaminación, por destrucción de la naturaleza y por inclusión de
agentes externos a ella. Por destrucción las empresas contaminan los
mantos friáticos y hay tala inmoderada de bosques, por ejemplo. Por
inclusión, está el asunto gravísimo de que se dejan residuos químicos.
Esas son las afectaciones que se ven, pero hay otras que no es tan fácil
ver a simple vista, como la migración, las enfermedades raras, hambruna
y muertes por contaminación de aguas. Y hay cosas que aún no se ven y
pueden ser mucho más graves, porque no sabemos, por ejemplo, qué se hace
con los residuos peligrosos.
En cuanto al tejido comunitario las empresas trasnacionales son
agentes que impactan de manera muy fuerte, y muchas veces las
comunidades no tienen capacidad de evitar. Llega una empresa, coloca sus
casitas para sus trabajadores y estas personas llevan otro tipo de
costumbres y formas de vida, y conforme pasa el tiempo, como son
trabajadores que llegan ahí aislados y sin familia, comienzan a meterse y
convivir con la sociedad, a trastocar las costumbres, y eso prolifera
en vicios. Otro panorama ocurre cuando la gente resiste y las empresas
deciden romper el tejido social como forma de acabar con la resistencia,
es decir, dividir, comenzar a comprar gente y cuando esto no funciona,
matar a la gente. Hemos visto este tipo de casos en Chiapas, Oaxaca y
Chihuahua, por ejemplo.
Otra afectación muy grave que acarrean los megaproyectos en muchos
pueblos indígenas es que propician la incapacidad de seguir llevando a
cabo rituales, los cuales, aunque muchas veces no parezcan importantes,
para los pueblos funcionan de la misma manera que la basílica de
Guadalupe para los católicos. Es decir, el día que no haya basílica va a
haber muchos conflictos para los que creen en la virgen de Guadalupe.
Igual sucede con los pueblos indígenas. Destruyen los lugares, les
impiden acceder a los lugares y hay una proliferación de problemas.
La vida social que gira en torno al maíz se destruye con la llegada
de empresas. Cuando la gente ya no puede sembrar hay muchos cambios en
los pueblos. El acto de sembrar implica varias cosas: invitar a los
amigos a sembrar y después ayudar a los amigos a sembrar; si hay
bautizos o bodas, las señoras desgranan, alguien corta leña, la gente se
sienta a comer tamales juntos, y cuando ya no hay posibilidad de
sembrar todo este tipo de convivencia se acaba.
Y lo más grave es que en este país a nadie se le fincan
responsabilidades. Desaparecen pueblos y nadie es responsable, mueren
gente y nadie es responsable, se gastan el dinero y no hay obra y nadie
es responsable. Son cosas que suceden en este país.
Los nuevos embates, producto de falsa “economía verde”
Los nuevos ataques tienen que ver con una dinámica de las empresas a
nivel internacional. En la declaración de la Cumbre de Río “El futuro
que queremos”, se aboga por una “economía verde”, que no es precisamente
ambientalista, como muchos creen. La “economía verde” está por la
minería, por el uso de transgénicos y, en este marco, la construcción de
aerogeneradores – como los que se han levantado en Oaxaca – y la
construcción de termoeléctricas – como la de Huexca – viene muy bien con
la “economía verde”. No importa tanto quién esté al frente de la
administración del Estado, sino que todo obedece a una lógica
internacional. Y si en esta administración no logran terminar con la
resistencia de los pueblos no van a parar, van a seguir.
A pesar de todo, la resistencia de los pueblos está viva
Ante todos estos embates, los pueblos ya tienen una desconfianza muy
fuerte contra el aparato estatal y los operadores políticos. Muchas
gente ya se dio cuenta, desde el 2003, con la reforma constitucional
cuando ningún poder del Estado respetó los Acuerdos de San Andrés, que
no se puede confiar en el Estado, que no importa si el gobierno es de
derecha o de izquierda, si es estatal o federal, todos operan de la
misma manera. En Oaxaca, que supuestamente tiene un gobierno democrático
y de transición, es donde más muertos hay y de acuerdo con lo que dicen
las organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, muchísimos muertos más
que durante el gobierno de Ulises Ruiz. Es gravísimo.
Esta situación propicia que los pueblos lleven a cabo un tipo de
defensa muy digna que tiene que ver con retirarse del espectro nacional
de la política. Es decir, hacen resistencias a su modo. ¿Qué hicieron
los wixárikas ante una Secretaría de Economía que había entregado su
territorio? Rezar. ¿Qué hace Temacapulín, cuando ve que gana amparos,
pero nadie los respeta? Rezar y organizar carreras dentro de su
territorio. Es decir, lo que están haciendo es vivir otra cosa a su
manera. Eso puede parecer algo inofensivo para el Estado, pero quién
sabe, porque quienes venimos de zonas rurales sabemos que lo que alumbra
cuando hay tempestad son los rayos y creo que en este tiempo hemos
visto alumbrar muchos rayos.
Está la resistencia contra las concesiones mineras en el territorio
sagrado de Wirikuta, y toda la Red mexicana antiminera y la Asamblea
nacional de afectados ambientales, hay muchos ejemplos de lucha
antiminera en Chihuahua, en Puebla, en la Montaña de Guerrero, en
Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz, pero muchísimas otras luchas que no se
ven, como Michoacán, donde pequeños mineros están luchando por
recuperar concesiones que eran suyas y que Leonel Godoy les quitó
mañosamente para vendérselas a Carlos Slim. En la región de Los Pápagos
en Sonora hay también una lucha contra la minera que casi no ve.
El espectro de resistencia es mucho más amplio de lo que se puede
ver. La lucha contra los eólicos ha sido muy visible en el Istmo, pero
también hay esta clase de proyectos en Tamaulipas, en Zacatecas, San
Luis Potosí, Sonora y Baja California.
El problema con las resistencias es que están bastante asiladas, cada
quien se defiende como puede, y se tiene que buscar la manera de
trascender eso, porque los megaproyectos son el capital trasnacional
materializado en territorio mexicano. Y mientras cada quien vaya por su
pedacito, puede ganarlo, pero vamos a perder la lucha general. Lo que
conviene es ver cómo coordinarnos de acuerdo a demandas específicas:
antiminería, lucha contra las presas, contra los proyectos turísticos,
contra los transgénicos. Esas son las demandas que pueden articular a la
gente, y quien puede articular son los que están luchando.
Carotti, un conocido empresario minero y asesor con experiencia en Latinoamérica, estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja, y fue quien estuvo detrás junto al gobierno riojano en diciembre de 2011, en la persecución de las listas negras de inteligencia policial contra asambleístas de Famatina y Chilecito. (2) Hace horas en las redes sociales denunciaban a Carotti por complicidad con las patotas "tercerizadas" de la UOCRA en la brutal represión a la población del 27 de noviembre pasado en Rawson, Chubut.
La magistrada que investigó la filtración del fallo del caso Crucitas, dijo que no se pudo establecer con certeza quién o quienes sustrajeron el documento. Julia Varela, magistrada encargada del órgano disciplinario contra el exmagistrado suplente, Moises Fachler, estableció en su informe presentado ante la Corte Plena el 12 de octubre pasado, que hubo un "plan de acción" para evitar la sentencia en el caso "Crucitas".
La empresa cumple con uno de los condicionantes del Principado y opta por simplificar la planta de tratamiento. Proecesará el minera por el controvertido sistema de flotación, nombre más tolerable para un método que de todas maneras utiliza enormes cantidedes de agua junto con diversas sustancias químicas aglutinantes, algunas de elevada toxicidad. El concentrado de flotación resultante será enviado a una fundición, donde se culminará el proceso para obtener el mineral.
Compartimos
un video sobre 17 campesinos y campesinas de Shaglly (sur del Ecuador)
que enfrentan una demanda entablada por el Ministerio del Ambiente y
Cornerstone, empresa canadiense que pretende desarrollar un
mega-proyecto minero en sus fuentes de agua.
En
Phulbari, a 350 kilómetros al noroeste de Daka la capital de
Bangladesh, las comunidades locales se han reunido para manifestar
contra el proyecto de explotación de una mina de carbón en Phulbari. El
23 de noviembre 2012 las autoridades, en un esfuerzo para detener las
manifestaciones, impusieron la ley 144 que prohíbe indefinidamente las
reuniones de mas de cuatro personas. Miles de personas tomaron las
calles desafiando la prohibición y el 25 de noviembre iban por el
segundo día de huelga general en Phulbari.
Lucas Fossati
SANTIAGO. Los Amigos del Parque Nacional Santa Fe, en la provincia de Veraguas, están preocupados. La causa es la aprobación en Gaceta Oficial de dos resoluciones para exploración minera en el distrito de Santa Fe. La agrupación teme que los recursos naturales sean destruidos por el desarrollo de esta actividad.