
Fuente: No Soy Criminal
El 3 de mayo del presente año, alrededor de 2 mil comuneros de Santa Isabel y otros cantones vecinos se concentraron en la parroquia Shaglly, para ejercer el derecho a la resistencia, reconocido por la Constitución ecuatoriana, ante la socialización que el Ministerio del Ambiente pretendía hacer de los Estudios de Impacto Ambiental para la exploración avanzada de la zona Vetas Grandes, de Cornerstone. Este fue el evento que dio lugar a la acusación.
Si la demanda es admitida, los campesinos serían llevados a juicio y podrían recibir hasta 3 años de prisión.
El Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó en la Fiscalía de Santa Isabel una denuncia por supuesta obstaculización de la administración pública, un delito contra el Estado.
La subsidiaria ecuatoriana de la empresa canadiense Cornerstone, propietaria del megaproyecto minero, acusó a 17 dirigentes campesinos, en vinculación con la denuncia del Ministerio del Ambiente.
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