Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.
En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.
En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.
El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".
Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.
El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.
"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.
fuente:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/24/actualidad/1322089211_850215.html
10 informes de Castilla y León advirtieron de ilegalidad de la mina de Laciana
Al menos 10 informes de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León advirtieron de que la mina de carbón de Feixolín ocupaba ilegalmente un monte protegido en el valle de Laciana (en el municipio de Villablino, León). Pese a esos dictámenes, la Junta permitió a la mina funcionar durante 10 años sin licencia ambiental ni urbanística. La empresa se enfrenta ahora a una multa de 170 millones que le impondrá el Ayuntamiento de Villablino, obligado por una sentencia judicial que declara ilegal la mina.
El 17 de mayo de 2005, el jefe del servicio territorial de medio ambiente de la Junta remitió un informe al juzgado en el que resumía la tramitación de la mina de Feixolín. La mina funcionaba desde 1995 pese a carecer de licencia, como después dictaminó un tribunal de León, que ordenó su cierre. El informe técnico destaca que 10 de las 16 peticiones de ocupación de suelo público que hizo la empresa nunca fueron autorizados por Medio Ambiente, que se opuso a la ocupación de monte público.
La Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) propiedad del empresario Victorino Alonso, ignoró las resoluciones contrarias, según el mismo informe: "Una vez comprobado que los terrenos estaban ocupados sin contar con resolución favorable, se procedió por parte tanto del agente forestal como de la sección territorial a denunciar los hechos". El texto admite que en la zona había urogallos antes de la mina y que la empresa había talado sin permiso 1.100 robles de más de cuatro metros de alto para abrir las carreteras de acceso a la mina. Pese a estos informes, el jefe de minas de Castilla y León declaró en el juzgado que en su opinión la mina era legal.
"Ilegalidad conocida"
Carlos González Antón, abogado del vecino que ha ganado el cierre de la mina, afirma: "Estos informes demuestran que la Junta, que es la competente en minas, conocía la ilegalidad cometida durante años". González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León, logró que el juzgado de lo contencioso declarase ilegal la mina y que, como resultado de esa sentencia, el ayuntamiento de Villablino haya impuesto una multa de 170 millones de euros a la empresa, la mayor minera privada de España. Esta es la mayor multa por infracción ambiental jamás impuesta en España, por encima de los 45 millones impuestos a Boliden por el vertido de Aznalcóllar. La empresa MSP anuncia que recurrirá la sanción a los tribunales.
La mina cerrará en marzo tras 12 años de explotación y haber agotado el yacimiento, ya que su vida estaba prevista inicialmente para 10 años. Ninguna administración pidió en ese tiempo el cierre de la explotación y fue un vecino, Antonio Arias Tronco, el que lo ganó en los tribunales. La zona es reserva de la biosfera, zona de protección del oso pardo y del urogallo y refugio de aves amenazadas como el roquero rojo o el halcón abejero, entre otras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario