viernes, 29 de junio de 2012

El modelo minero Candiense: saqueo e impunidad



 En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.


Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.

Canadá es un país de fuerte tradición minera, pues desde hace 150 años ha construido su prosperidad económica en parte sobre esta industria, y cuenta en la actualidad con alrededor de 200 minas en actividad. Durante décadas y hasta el día de hoy, la industria minera se aprovechó del “dejar-hacer” de los gobiernos canadienses para enriquecerse abusivamente, a costa de daños socioambientales irreversibles. Es más, para los actores de la industria, las jurisdicciones canadienses1 se han vuelto la panacea por sus ventajas fiscales y el apoyo inagotable del gobierno al sector minero.

Bajo la influencia política inevitable de este sector, las autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a las mineras. Esta ecuación conduce a la concentración de las riquezas minerales del país en pocas manos, mientras los costos socio-ambientales son transferidos al público canadiense casi sistemáticamente. Por todo eso, proponemos en este artículo la calificación de Mineralo-Estado para denominar al Canadá, inspirándonos en el concepto conocido como Narco-Estado.

Sin embargo, mientras se siguen explotando a gran escala los yacimientos de este país-continente,2 alrededor del 50% de los proyectos mineros que poseen las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TMX) se ubican fuera de Canadá. Es más, muchas de las empresas registradas en la TMX ni siquiera son titulares de concesiones mineras en territorio canadiense. El 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% del capital minero mundial. Esta concentración posiciona al Canadá como el líder mundial del

sector3 en donde las empresas mineras encuentran una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo, particularmente en América Latina, Asia y África. En las últimas dos décadas, la presencia internacional de las mineras canadienses no ha cesado de crecer, sobre todo a través de las juniors (empresas que se dedican exclusivamente a la exploración) pero también de sus hermanas mayores, las majors. En ciertos países, el dominio de las empresas canadienses es aplastante. Por ejemplo, de las 263 empresas mineras activas actualmente en México, más del 75% provienen de este país.4 En este artículo identificamos una serie de razones que explican este hecho.

Además de extender las características de su modelo de Mineralo-Estado a nivel internacional, a través del apoyo político y financiero a las empresas transnacionales, el gobierno canadiense les proporciona un apoyo diplomático inagotable. A eso se añade un vacío jurídico abismal al momento de incriminar a las transnacionales por los abusos que éstas cometieran en el extranjero, y el hecho de que los tribunales canadienses actúan raramente en contra de los intereses mineros. Es más, la preeminencia del derecho a la reputación y la instrumentalización de la justicia permiten a las empresas enjuiciar a actores críticos como periodistas, académicos y ONG, atropellando su libertad de expresión.

Haciendo una analogía con los conceptos de paraíso fiscal y bancario, las características mencionadas anteriormente nos llevan a denominar al Canadá paraíso judicial. En este paraíso, las empresas gozan de impunidad de hecho, aun si enfrentan acusaciones de abusos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales. Esta impunidad permite que el Canadá conserve su reputación de “buen gobierno” en la escena internacional, y que las ganancias récord de sus transnacionales se sigan multiplicando a costa de externalidades de graves consecuencias.

150 años de minería en Canadá: una herencia agobiante La minería es una actividad industrial que, debido a sus formas de operación, produce impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura. Obviamente, la industria minera canadiense no es la excepción.

Antes de hablar del despliegue de las empresas mineras canadienses alrededor del planeta y de las múltiples controversias que lo acompañan, es preciso recordar el saldo socio-ambiental de 150 años de explotación intensiva del subsuelo en el propio territorio canadiense, donde se encuentran yacimientos de uranio, oro, amianto, cobre, níquel, zinc, plata, potasio y diamantes, etc. de calibre mundial. Antes de que se exporte al extranjero, el “saber-hacer” canadiense se constituyó y sigue constituyéndose en Canadá, causando una huella socio-ecológica irreparable, un acaparamiento de los grandes espacios del país y el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Medioambiente, la urgencia del tema

“En Canadá existen actualmente más de 10,000 minas abandonadas en donde pueden generarse niveles inaceptables de concentración de metales en las aguas subterráneas y superficiales, permaneciendo allí por decenas, e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación”.5 En muchos casos, las empresas explotadoras se han declarado oportunamente, en bancarrota, dejando a cargo del Estado la gestión de estos desechos que necesitará de una inversión de cientos de millones, e incluso billones de dólares.6, 7 Sin embargo, según el verificador general de Canadá, en la mayoría de los casos, una limpieza completa y definitiva de estos sitios será imposible.8

En la actualidad, las minas canadienses siguen produciendo más de 650 millones de toneladas anuales de desechos,9 con “el riesgo de que el Estado deba asumir costos de restauración adicionales en el futuro”.10 Anualmente, el Estado canadiense entrega a las mineras un promedio de 50,000 a 100,000 km211 de territorio, mayoritariamente en el norte del país donde la actividad minera amenaza gravemente el equilibrio del bosque Boreal, al que algunos expertos no le dan más de “50 años de vida”.12

Al riesgo de contaminación por metales pesados, se debe añadir el drenaje ácido de mina,13 los derrames y la misma actividad de exploración minera, que afectan duramente a los ecosistemas circundantes y son capaces de generar catástrofes ambientales.14, 15, 16 En fin, no se puede omitir la catástrofe ecológica que representa la acumulación negligente17 y los trágicos derrames18 de desechos radioactivos, causados por la explotación masiva de uranio. Pese a ello, el Canadá sigue siendo el líder mundial en la producción de este mineral radioactivo.19

Los daños producidos por la actividad minera en el territorio canadiense son inconmensurables. A menudo, la complejidad de los equilibrios naturales no permite diagnosticar y/o prever, los impactos a gran escala sobre el aire, el agua y el suelo, en el espacio y el tiempo. Existen situaciones en las que no es posible desarrollar soluciones tecnológicas apropiadas para enfrentar la contaminación provocada.20

El desarrollo al estilo minero: fugaz y destructor

En cuanto a los supuestos beneficios producidos por las industrias extractivas en el ámbito socio-económico, las empresas mineras no han sido capaces de generar empleos numerosos21 y estables.22 Al contrario, además de ser altamente peligrosos,23 la mayoría de empleos creados son efímeros, pues acaban cuando las minas cierran, una vez que el mineral se ha agotado o por los “caprichos” del mercado. En Canadá existen decenas de ciudades abandonadas pobladas de jubilados deprimidos o de jóvenes sin perspectivas.24 A esto se añade la poca presencia de mujeres e indígenas en los puestos de trabajo.25

A lo largo de los siglos XIX y XX, la explotación minera ha despojado progresivamente a muchos pueblos indígenas de sus territorios ancestrales sin haber obtenido su previo consentimiento, contribuyendo a la destrucción irreversible de sus lugares y sus culturas.26,27 Pese a sus repetitivas declaraciones de buenas intenciones, el gobierno canadiense sigue demostrando tener poco interés en actuar a favor de los pueblos originarios: el Canadá es uno de los tres países (de un total de 146) que no ha firmado la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente se abstuvo de firmar la Convención 169 de la OIT.

El saldo catastrófico de 150 años de minería en el Canadá es el resultado del “dejar-hacer” permanente por parte del Estado. Diseñadas a finales del siglo XIX bajo un régimen colonial brutal, para dar paso al desarrollo industrial del país, las legislaciones canadienses sumamente permisivas siguen vigentes hasta el día de hoy. Estos mismos métodos tienden ahora a expandirse al resto del planeta con el amparo financiero, político y jurídico del gobierno.

Canadá, un mineralo-Estado

Según revela una encuesta efectuada por el Instituto Fraser a 670 empresas y agencias de servicios del sector minero, en 72 países y Estados, Canadá es un verdadero El Dorado para las empresas mineras. Entre las 10 primeras jurisdicciones que la encuesta indica como ideales para la exploración minera, figuran seis provincias canadienses.28 En Canadá, la minería de exploración y explotación es de carácter exclusivamente privado, sin embargo, disfruta de un fuerte apoyo del sector público.

En el ámbito fiscal, varias medidas de asignación, créditos de impuestos, incentivos fiscales eximen a las empresas mineras del pago de impuestos y regalías. En la provincia de Québec, “en el período 2002 – 2008, 14 empresas pagaron cero regalías pese a que acumulaban valores brutos de producción anual de 4,2 billones de dólares”.29 A nivel federal, el promedio anual en regalías entregadas al gobierno entre 1966-2002 alcanzaba el monto irrisorio de 4,16 millones de dólares.30

Además de los beneficios ya mencionados, un conjunto de empresas del Estado, tanto a nivel provincial como federal, ofrecen apoyos múltiples a las empresas mineras que operan en territorio canadiense.31,32 En Québec, por ejemplo, el Estado se encarga de ofrecer asesoría a las empresas mineras privadas para que sepan aprovechar de manera óptima el entorno fiscal permisivo de la provincia. Estas entidades públicas ofrecen además otras formas de servicios: participan directamente del capital de las empresas, otorgan préstamos a tasas preferenciales, y proveen de garantías a la inversión, dándoles credibilidad financiera y sirviendo de trampolín a las empresas juniors. A esto se añaden apoyos indirectos, como el financiamiento público de las campañas de exploración geológica, de mega-infraestructuras de producción energética y de transporte.

En cuanto al acceso a los territorios, las empresas gozan de la ausencia de obstáculos legales. Las legislaciones mineras canadienses funcionan con el principio del llamado free mining, o free entry. Este principio, en vigor desde el siglo XIX,33 se basa en la premisa de que la explotación minera es la mejor forma de uso del territorio. Los derechos del detentor de un título minero tienen supremacía sobre los derechos territoriales de los propietarios de las tierras, las colectividades locales, e incluso de los pueblos indígenas.34,35,36

En cuanto a la legislación ambiental, las sucesivas desregulaciones de los últimos 20 años introdujeron una enorme flexibilidad,37,38 además de drásticos cortes en los presupuestos de los Ministerios del Ambiente.39 Todo esto ha dejado a las empresas un amplio margen de decisión para manejar sus desechos y el proceso de cierre de las minas.

Este conjunto de factores nos lleva a proponer el calificativo de Mineralo-Estado para el Estado Canadiense. En un Mineralo-Estado el comercio de los recursos minerales puede ser visto como el comercio de la droga en un Narco-Estado, es decir permite el enriquecimiento de las oligarquías poniendo al aparato estatal al servicio del comercio minero. Así, entendemos como Mineralo-Estado, un Estado que:

1. Posee un territorio con gran potencial geológico;

2. garantiza el acceso a recursos energéticos y agua al mejor precio (puede ser cero...);

3. garantiza con la fuerza militar y/o la ley un acceso privilegiado a los recursos minerales para los actores del sector minero;

4. garantiza una red de infraestructuras que permiten el transporte de recursos materiales y humanos, así como el mineral de una manera rápida y segura;

5. apoya financieramente a las empresas;

6. facilita la exportación de las ganancias, y minimiza el control fiscal;

7. reduce al mínimo las restricciones relativas al medio ambiente y las condiciones de los trabajadores;

8. se encarga de una propaganda agresiva a favor de la explotación minera, y permite la criminalización de los actores críticos;

9. a través de redes, permite al sector minero ejercer una influencia directa sobre las autoridades políticas y su acción. La permisividad de la legislación, las cuantiosas transferencias de fondos públicos hacia las empresas, la minimización de regulaciones fiscales, y la influencia indiscutible del sector minero en la política hacen que Canadá responda perfectamente a esta definición.

Canadá, un paraíso judicial

Varios factores han incentivado el boom minero mundial de los últimos años. Al incremento de la demanda en minerales de todo tipo, provocado por crecimiento económico de China e India, se añaden el boom tecnológico, la crisis económica y el uso del oro como valor-refugio, la financiarización de la economía mundial y la búsqueda de nichos de especulación. A esto se suma el aumento de los gastos militares, el auge programado de la energía nuclear como fuente alternativa a los combustibles fósiles y la voluntad de las grandes potencias para asegurar el acceso a yacimientos económica y estratégicamente sensibles.

En este contexto, las multinacionales canadienses del sector minero con sus “saber-hacer” centenario, han extendido sus actividades por todos los continentes, en busca de nuevos yacimientos rentables durante los últimos 20 años. Estas empresas se han beneficiado de la aplicación del Consenso de Washington en un gran número de países endeudados de amplio potencial geológico bajo la presión del Banco Mundial. Esta instancia, a menudo con asesoría de origen canadiense, ha impulsado la elaboración de nuevos códigos mineros que favorecen la inversión extranjera agresiva y sin mayor regulación. Canadá ha participado a través de diversas instancias públicas, en la elaboración del nuevo marco de inversión minera en Colombia, Botswana, Zimbabwe, Guinea y Zambia, reproduciendo las características del Mineralo- Estado canadiense.

El ambiente es definitivamente favorable a la inversión en el sector minero, pero ¿qué hace que inversionistas mineros estadounidenses, suecos, alemanes, australianos o mauricianos escojan al Canadá para gestionar sus proyectos en África, América Latina, Indonesia o Asia? Proponemos responder a esta pregunta describiendo una serie de características que hacen de Toronto el lugar de predilección de los inversionistas, particularmente en cuanto a la exploración minera.

Un polo de atracción para los negocios mineros Históricamente, los mercados financieros canadienses han sido el teatro de numerosos escándalos vinculados a la empresas mineras, como el de “Wind Fall” en los años sesenta, o más recientemente el de la empresa junior Bre-X,40 que llevó al colapso de la Bolsa de Vancouver, y a la concentración de la totalidad del capital minero canadiense en Bolsa de Valores de Toronto (TMX). Desde su origen, a finales del siglo XIX, la reputación de las Bolsas de Valores canadienses es la de verdaderos casinos en donde reina la especulación, a tal punto que en mayo de 1989, la famosa revista económica Forbes, calificó a la Bolsa de Vancouver de “capital mundial de las estafas”.

Actualmente, las reglas del TMX permiten a las empresas cultivar la ambigüedad en cuanto al potencial real de un yacimiento. Así, el TMX sigue siendo un lugar de predilección para especuladores, que comercian títulos de numerosas empresas junior registradas allí, a tal punto que ciertas empresas tendrían esta actividad como única vocación.41 Es más, las regulaciones del TMX estipulan que las empresas no tienen la obligación de divulgar información que no sea de interés de los accionistas.42 En Toronto, se especula sobre las concesiones mineras que han sido adquiridas o que se explotan a costa de daños indescriptibles, pero las empresas no tienen obligación de rendir cuentas.

La disponibilidad de capitales en Canadá es otro aspecto que atrae a los inversionistas mineros. La población canadiense en su conjunto financia a las empresas mineras a través de inversiones personales y, sobre todo, de fondos públicos y privados de jubilación de una gran parte de la clase media colocados masivamente en la Bolsa de Valores de Toronto. Así, las jubilaciones de los canadienses dependen de las ganancias que reciben las empresas mineras; ganancias que, como hemos de señalar más adelante, enfrentan gravísimas acusaciones de abusos e irregularidades.

Otro factor importante es el apoyo multiforme que les prodiga el gobierno canadiense para proyectarse alrededor del mundo.

Primeramente, las ventajas fiscales considerables y de múltiple espectro, ofrecidas por las diferentes instancias gubernamentales del Mineralo-Estado, benefician también a las empresas activas al extranjero.

Es importante señalar el rol activo de instancias gubernamentales como la ACDI (Agencia Canadiense de Cooperación y Desarrollo Internacional) que ha servido de agencia de publicidad y promueve la exportación del Mineralo-Estado canadiense a escala internacional, pues ha “colaborado” con diversos países en la definición de sus políticas mineras de acuerdo a los intereses de la industria canadiense. En resumen, la ACDI “prepara el terreno” para las empresas mineras canadienses, que “tienen de este modo, acceso fácil a la información geológica del país, economizando tiempo y dinero, y encuentran al interior del gobierno, individuos formados en Canadá, o por canadienses, con un a priori favorable a las empresas y al know how canadiense”.43 Otra agencia, la Exportation Development Canada (EDC), una aseguradora poco transparente, provee préstamos y garantías públicas indispensables para la obtención de financiamiento de bancos privados.

Además, a través de su red de embajadas y delegaciones comerciales, el gobierno canadiense brinda un apoyo diplomático incondicional a sus empresas mineras activas en otros países y ejerce todo tipo de presión a sus autoridades, y no duda en asumir públicamente su rol de lobbysta.44 Para aumentar su red de influencia en el extranjero, las empresas multinacionales del sector extractivo contratan como “consejeros” a ex primeros ministros canadienses, como Joe Clark, Jean Chrétien, o Brian Mulroney.45 Pregunta: ¿qué hacen estos personajes, sino poner al servicio de las empresas mineras, sus contactos y la información acumulada a lo largo de su mandato?

Por último, es preciso mencionar que Canadá ofrece protección jurídica a sus empresas, pues el vacío jurídico hace difícil que las víctimas de abusos cometidos en el extranjero por empresas privadas lleguen a un tribunal canadiense.46 Además, anteriores decisiones de tribunales canadienses sobre estos asuntos demuestran que las autoridades judiciales han decidido no actuar en contra de intereses mineros.47 Una impunidad de hecho asegura a toda empresa canadiense que nunca será importunada por la justicia en Canadá a causa de abusos cometidos en el extranjero.

Por lo antes mencionado, Canadá se impone como paraíso judicial para las empresas mineras a escala mundial. En el momento de escoger una jurisdicción para registrarse, un inversionista minero optará lógicamente por Toronto. Al igual que un sinnúmero de empresas se registra cada día en los paraísos fiscales para evadir al fisco de los Estados de Derecho, las mineras se registran masivamente en el paraíso judicial canadiense para gozar de una protección jurídica, política y moral.48

Una letanía de abusos

Con este pedigree, el Canadá se ha convertido en la plataforma privilegiada de inversionistas de todo el planeta, desde la cual sus empresas pueden alcanzar una rentabilidad récord, externalizando impunemente los altos costos financieros, ambientales y sociales que generan sus actividades. La gravedad de estos costos se mide por las serias acusaciones de abusos que enfrentan las mineras registradas en Canadá, en todos los países en donde se encuentran activas. Las principales son: 49

• evasión fiscal u otras formas de criminalidad económica,
• expropiación brutal y violación de derechos humanos,
• contaminación, producción de residuos tóxicos y destrucción de los ecosistemas, envenenamiento de las poblaciones locales,
• complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera,
• complicidad en crímenes de guerra.

En situaciones de guerra civil, como en la República Democrática del Congo, multinacionales mineras del Canadá, como AMFI, Lundin Mining, First Quantum Minerals, Emaxon, o Banro no han tenido reparos en negociar contratos leoninos con jefes de guerra. Estos contratos han permitido a las mineras obtener a bajo precio derechos sobre yacimientos de calibre mundial,50 financiando indirectamente la guerra civil en esta región. Acusaciones de incentivo a la conflictividad en esta región africana son sumamente graves pues se calcula que en los últimos 15 años, esta guerra habría provocado más de cinco millones de muertos y al menos un número igual de desplazados.

La multiplicación de idénticas acusaciones, provenientes de fuentes independientes, en todos los continentes, es prueba de que no se trata de casos anecdóticos. Por el contrario, es necesario tratar estos hechos como evidencia de que existe un sistema propiamente canadiense de saqueo de recursos minerales, que se apoya en la propagación de su modelo de Mineralo-Estado y en la existencia de un paraíso judicial.

Ignorancia e impunidad

No podemos concluir sin mencionar del proyecto de Ley C-300,51 que fue rechazado por el parlamento federal de Ottawa en octubre del 2010, durante su tercera y última lectura. El principal punto de esta Ley era la posibilidad de suprimir el apoyo financiero que reciben las empresas cuando no cumplen una serie de estándares.

Sin duda, este proyecto representaba un “paso en la dirección correcta”, como afirmaron varios actores de la sociedad civil canadiense. En realidad, era un paso en extremo tímido. Pese a ser sujeto de críticas agresivas por parte del sector minero y sus aliados, la Ley no cuestionaba los fundamentos del paraíso judicial, es decir la impunidad de los múltiples crímenes que habrían cometido las empresas del sector extractivista. La timidez de este proyecto de ley y el rechazo del parlamento, son muestras de la enorme influencia de los intereses mineros en el Mineralo-Estado canadiense, así como de una ausencia de voluntad política para regular el sector.52

El africanista francés François-Xavier Verschave decía a propósito de la explotación neo-colonial francesa en África, el silencio y la impunidad están íntimamente vinculados.53 El silencio del gobierno y de los medios de comunicación sometidos a los intereses mineros, hace que los ciudadanos canadienses no cuestionen un sistema de explotación depredador y potencialmente criminal. A esto se añade que las empresas tienen derecho a seguir juicio a los actores críticos, bajo el pretexto de defender su reputación. Entre los atropellos recientes a la libertad de expresión figuran los casos de las mineras Barrick Gold54 y Banro que siguen juicios a los autores y la editorial del libro Noir Canada por un total de 11 millones de dólares. Estas amenazas a la libertad de expresión impiden que se desarrolle un verdadero discurso crítico en Canadá.

Décadas de construcción de una reputación de “buen gobierno”, tanto al interior como al exterior de las fronteras,55 han logrado la confianza ciega de una gran parte de la sociedad canadiense en sus instituciones. Mientras tanto, el sector minero no tiene límites para seguir instrumentalizando a las autoridades públicas y au mentando sus márgenes de ganancias, aun si todo eso implica la evasión fiscal, la destrucción de ecosistemas, el contrabando, la corrupción, la expropiación mortal de pueblos, el tráfico de armas, o la asociación con jefes de guerra sanguinarios.


fuente: http://www.argenpress.info/2011/06/el-modelo-minero-canadiense-saqueo-e.html

jueves, 28 de junio de 2012

La Oroya (Perú), uno de los sitios más contaminados del mundo por la mineria


El Instituto Blacksmith fue fundado en 1999 y desde su origen se trazó como misión desarrollar e implementar proyecto o programas para mejorar las condiciones ambientales de aquellos lugares más afectados por la contaminación. Como todos los años desde el 2003 ha confeccionado, en base a nominaciones, investigaciones y evaluaciones en cada uno de los los candidatos, una lista con los lugares más contaminados del mundo. Lamentablemente -aunque no del todo sorprendente- La Oroya (ver aquí) se ha ganado un puesto entre los Top 10 de la lista. A continuación presentamos un mapa (mashup) que contiene datos más precisos sobre la ubicación de La Oroya y las minas que la rodean.
La Oroya y alrededores
(mashup elaborado para blographos)
jose barreda
La Oroya es la capital de la provincia de Yauli en la región de Junín, y lleva el mismo nombre que aquellos mecanismos prehispánicos hechos para cruzar los precipicios de la agreste geografía peruana. Su actividad minera es casi tan larga como su historia, y su expansión (o contracción) a lo largo de casi medio milenio ha estado íntimamente asociado a las fluctuaciones de la actividad minera. En los últimos tiempos las huellas de la actividad extractiva en la zona parecen ser mucho más evidentes, y su delgado y poco oxigenado aire (recordar que el poblado de La Oroya se encuentra a 3,736 metros sobre el nivel del mar), se torna caustico e inhumano. Actualmente el los alrededores de La Oroya se encuentran: la Mina La Oroya a cargo de la CENTROMIN – Empresa Minera del Centro de Perú S.A. y la Mina Complejo Metalúrgico La Oroya (Aire).





Destrucción de glaciares y ausencia de fiscalización en Pascua Lama



Representantes del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y de la Pastoral Salvaguarda de la Creación subieron a Pascua Lama como forma de fiscalizar al proyecto binacional que ha afectado los glaciares andinos que están en la frontera chileno-argentina y que abastecen de agua a 70 mil personas que viven a lo largo del Valle del Huasco, en la región de Atacama.

Tras diversas gestiones que se extendieron por más de un año con la transnacional Barrick Gold, ésta accedió a subir con representantes de ambas organizaciones que participan en el Comité de Seguimiento Ambiental, un espacio que Barrick abrió para menguar las protestas y, donde se comprometió con la comunidad a ser visitada periódicamente al yacimiento.

Las palabras suenan bien, pero lamentablemente la autodenominada minera “socialmente responsable” se demoró más de un año en concretar su compromiso. Una vez que accedió, se comprometió a subir con la comunidad el 26 de marzo, fecha que se suspendió por las “malas condiciones climáticas”. Tras ese día, se postergó para el 15 de abril, luego para el 17, hasta que finalmente la visita al proyecto binacional se concretó este 26 de abril de 2012. La palabra “mentira” queda resonando.

Tampoco es llegar y subirse a un vehículo hacia la Cordillera de los Andes, antes Barrick hace firmar un documento que titula “Declaración y Exención de responsabilidades” en el cual se establece que quienes firman, asumen “la responsabilidad que derive de las consecuencias y efectos de mi eventual infracción a las señaladas normas, reglamentos, directrices e instrucciones”, así como que “vengo en renunciar al ejercicio de toda acción, demanda, reclamo o causa de acción de cualquier naturaleza (exceptuándose aquellas que provengan de conducta dolosa o culpa grave de funcionarios, empleados, ejecutivos y demás personal de CMN (Compañía Minera Nevada), BEASA y/o sus filiales), que derive de cualquier daño o pérdida que sufra en mi persona o propiedad, resultantes directa o consecuencialmente de mi visita a la Faena Mina Pascua Lama”. La minera agrega en dicho documento que “me obligo a reparar y/o dejar indemnes a CMN, sus filiales y/o subsidiarias, empresas matrices, ejecutivos, empleados, contratistas, cesionarios y personal en general, por cualquier daño, lesión (incluida la muerte), directo o consecuencial, o pérdida que derive de mi conducta y actividad en la Faena Mina Pascua Lama”.

Pese a que en dicho documento hacen firmar que “declaro y me obligo a mantener en secreto y confidencialidad toda la información y datos (exceptuada la información que sea de público conocimiento) a los que pueda tener acceso, ya sea oralmente por escrito, durante mi visita y permanencia en la Faena Mina Pascua Lama”, nuestras organizaciones y los abajo firmantes, deseamos informar a la comunidad lo que hemos podido ver en Pascua Lama, aún a riesgo de ser demandados por la transnacional canadiense.

1-. Nuestra comunidad se ve obligada a subir a Pascua Lama con Barrick Gold porque el Estado dejó a merced de la transnacional este territorio que nos pertenece y que, en los hechos, se ha convertido en un tercer país, un país virtual entre Chile y Argentina que lleva la bandera canadiense, desde el cual peligra la vida de 70 mil habitantes del Valle del Huasco, en la región de Atacama.

Subimos con esta multinacional que ha dañado nuestro valle solo movidos por la misión de querer fiscalizar comunitariamente en terreno y con nuestros propios ojos lo que sucede en las nacientes de nuestros ríos. Como el Estado de Chile permitió el portón que nos prohíbe el ingreso a este tercer país que ancestralmente nos seguirá perteneciendo, hemos debido aceptar esta situación. Mas no quiere decir que validemos la presencia de Barrick en la zona. Seguimos rechazando su presencia, sus políticas y su existencia misma.

2-. Barrick miente cuando dice que no interviene los glaciares. Sabemos por organismos estatales que han disminuido entre un 50 y un 75% por intervención directa de Barrick. Lejos de protegerlos, el Estado permite que esta transnacional aloje 30 camiones de alto tonelaje a metros de estos “Bancos Perpetuos”, afectándolos irremediablemente. Aunque esté por monitorearlos, sabemos que, una vez iniciada la explotación del proyecto, no detendrán la extracción de minerales para proteger los glaciares, marquen lo que marquen los monitores.

3-. Uno de los funcionarios de la transnacional fue reiterativo en expresar “¿ven que no hay ninguna máquina trabajando encima de los glaciares?”. Tomamos con humor sus palabras, ya que él mismo sabrá de los documentos estatales que dan cuenta de la intervención de Barrick en los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Sospechamos con fundadas razones que la transnacional organizó la visita de tal manera que en el terreno que nos mostró todo parecía estar bien. Los camiones de alto tonelaje no estaban funcionando, los buldózer a penas se pudieron ver y los trabajadores no estaban más que jugando pool y ping pong en el Campamento Barriales. No nos suena lógica la millonaria inversión para tener a los obreros entreteniéndose.

4-. Las condiciones meteorológicas fueron desafortunadas para poder ver los glaciares que tanto defendemos. Estaban llenos de nieve y no logramos identificar su condición tal como lo indican los documentos de la Dirección General de Aguas (DGA). Por lo tanto, llamamos a la DGA y a los organismos estatales correspondientes a realizar una fiscalización en terreno sin previo aviso a Barrick y en conjunto con la comunidad del Valle del Huasco.


Junto a uno de los glaciares: Estacionamiento de camiones de alto tonelaje.
5-. Pascua Lama es un gigante frágil. Vimos el amplio terreno que ha privado a la comunidad del Valle del Huasco, terreno que ancestralmente era utilizado para hacer las veranadas de los crianceros y que hoy deben recorrer cientos de kilómetros en busca de la llave del portón para poder ingresar, no sin antes estar debidamente acreditados justamente por Barrick que autoriza o rechaza la entrada a su predio sin mayores explicaciones. También vimos lo frágil del campamento y de las instalaciones mineras que tienen dispuestas en la cima de la Cordillera. Solo son containers los que alojan a los trabajadores que explotarán el oro de las entrañas de nuestra tierra. ¿Y si cae mucha nieve? ¿y si tiembla? ¿Qué pasará con los trabajadores? ¿Existe un plan de emergencia desde los 3.200 metros de altura? Barrick, pese a ser una transnacional gigante, construye un frágil campamento donde alojar a sus propios trabajadores. ¿qué protección existe para quienes no trabajamos en Pascua Lama?

6-. Pascua Lama está a 5.280 m.s.n.m. según indicó el GPS que llevábamos de forma independiente. Eso nos preocupó tremendamente, no solo porque están destruyendo las nacientes de nuestras aguas, sino también porque los trabajadores de Barrick y los subcontratados sufrirán las inclemencias del clima. Temperatura que, cuando estábamos ahí, estaba entre -20 y -30 grados Celsius bajo cero, tal como nos explicaron orgullosos los “Barrick Boys”.


Canales construidos por la minera para sacar agua de un glaciar.
Lamentablemente, imaginamos las condiciones a las que ya están expuestos los trabajadores de Pascua Lama. Por esta razón, hacemos un llamado a las autoridades de salud del país a que fiscalicen las condiciones laborales que ofrece Barrick en el proyecto Pascua Lama. Creemos que son altamente peligrosas tanto para la salud de los trabajadores como para el valle completo, porque basta que uno se quede dormido por falta de oxígeno a esa altura –como le sucedió a más de alguno de nosotros mientras estábamos ahí-, para que se genere un accidente de grandes dimensiones y contamine las nacientes de las aguas, escurriendo el material tóxico por todo el valle del Huasco hasta el puerto de Huasco. Esto no solo contaminaría los cultivos de uvas y olivos, sino que dejará sin agua potable a muchos pueblos que aún beben del río.

7-. Barrick miente una vez más. Solo el 15% de los trabajadores de Pascua Lama son de la Provincia, y solo un 30% pertenecen a la región de Atacama. Pero cuando Barrick llegó el 2001 y luego el 2006, junto a algunos políticos locales, llamaron a aceptar y a confiar en las bondades de esta iniciativa destructiva. Prometieron trabajo y trabajo digno a nuestra gente. Además explicaron que esta iniciativa minera iba a generar comercio en torno a la minería y que todos se beneficiarían de esta empresa. Parecía el mundo feliz. Pero nada de eso ocurre y vemos con malestar cómo los empresarios más ricos se vuelven más ricos y el resto, vemos cómo se contamina el agua en el Valle del Huasco.


Telas de plástico para supuesta contención de desechos tóxicos hacia el suelo y cursos de agua.
8-. Llamamos a los trabajadores de Barrick a tomar conciencia de lo que significará para su salud el trabajar a esa altura, con esos fríos y con ese clima inestable. Realmente nos parece que no vale la pena estar ganando mucho dinero por pocos años si se les acorta la vida producto de las labores que realizarán allí arriba.

9-. Cuando terminó la visita por la Mina Pascua Lama, regresamos al Campamento Barriales y los “Barrick Boys” nos hablaron del mal uso que la agricultura hace del recurso agua. ¡Pero qué paradoja! Estar en el proyecto estrella de la transnacional minera más importante del oro y hablar de agricultura. Resulta que ahora Barrick es sabionda también en la agricultura –no solo en destrucción- y le quiere enseñar a un pueblo que ha vivido en torno al ciclo del agua siglos y siglos. Ni siquiera Barrick sabe hace cuánto tiempo nuestro pueblo está en este territorio que seguimos defendiendo, aunque ahora se llame “país Barrick”.

10-. Una vez en casa, reflexionamos en torno al sentido profundo de todo esto. Containers, camiones, movimiento de cerros, glaciares destruidos, desvíos de cursos de aguas, inminente infiltración de agua contaminada, campamento minero a más de tres mil metros, laborar a más de cinco mil, país virtual entre Chile y Argentina… ¿Cuál es el sentido de todo esto? Destruir la vida para sacar oro, plata y cobre y hacer más rico al canadiense Peter Munk. Realmente no tiene sentido para nosotros. Y no lo tiene porque es la imagen nítida del capitalismo descarnado y depredador que busca destruir cualquier cosa (persona, animal o bienes naturales) para generar oro y riquezas superfluas. Bienes comunes en peligro de destrucción por la codicia humana, humanos trabajando para servir al patrón Barrick que seca, destruye y contamina la Creación.

11-. Rechazamos una vez más este proyecto porque, pese a sus campañas publicitarias, hemos visto cómo se ha contaminado nuestro valle y nuestra gente. Llamamos a seguir de pie luchando para proteger nuestro Valle del Huasco, dejárselo a las próximas generaciones y a distribuir comunitariamente los bienes comunes. Llamamos a realizar todo tipo de acciones para detener este proyecto mortal para el valle del Huasco. Aún estamos a tiempo.

Patricia Álvarez, Pastoral Salvaguarda de la Creación
Jorge Guerrero, Consejo de Defensa del Valle del Huasco
Javier Karmy, Pastoral Salvaguarda de la Creación

miércoles, 27 de junio de 2012

Barrick Gold en Lista Negra

 

Noruega ha dado al mundo una maravillosa lección de responsabilidad ética al poner en lista negra a la minera canadiense Barrick Gold, con sede en Toronto. Después de investigar la mina Porgera en Papua Nueva Guinea, el Gobierno noruego decidió excluir Barrick Gold, primera empresa aurífera a nivel mundial, de su fondo estatal de inversión, reprochando en términos suficientemente claros a la minera de llevar a cabo actividades "que implican un riesgo inaceptable de grandes e irreversibles daños al medio ambiente." 

Este fondo soberano - de un valor aproximado de 300 millones de dólares, que lo hace uno de los mayores inversores internacionales - constituyen el ahorro de los cinco millones de ciudadanos noruegos. Se invierte ahí, para las generaciones futuras, el superávit de la explotación en el Mar del Norte del petróleo y del gas natural de los que el país es gran exportador. Tiene un consejo de ética cuyas investigaciones han llevado hasta ahora al gobierno a vender acciones que poseía en 27 empresas, incluidas nueve fabricantes de bombas de racimo (la norteamericana Textron es la última en ser golpeada). Los vínculos se rompen también con empresas condenadas por violaciónes de los derechos humanos y derechos de los trabajadores. 

El valor de las acciones de Barrick que tenía el Estado noruego era de aproximadamente 200 millones de dólares. Las razones presentadas por el consejo de ética para el descarte son fustigantes: se manifestó particularmente preocupado por "la acumulación de metales pesados, especialmente mercurio, en el medio ambiente". La contaminación emitida en Porgera "puede tener graves consecuencias negativas sobre la vida y la salud". El consejo crítica "la falta de apertura y transparencia de las empresas en materia de evaluación ambiental" y dijo tener "todos los motivos para creer" que Barrick no va a cambiar nada en sus prácticas. Afirma que, debido a falta de recursos, limitó su investigación a Porgera, pero insistió en que Barrick, que tiene 27 minas en el mundo, ha sido criticada en varios países por su falta de preocupación por el desarrollo sostenible. 

Es más. La ONG MiningWatch Canadá tiene mucho que decir sobre esto. Barrick es la empresa que demanda por seis millones a los autores del ensayo quebequense titulado Canadá Negro, un libro que critica fuertemente la conducta de las mineras canadienses en África. A los cargos bien documentados que le hace el Gobierno noruego, Barrick ha respondido con su impenitencia habitual. 

El problema es que la política de Oslo es un ejemplo de ética. En otros países, incluyendo Canadá donde tienen sede un gran número de direcciones de las empresas mineras, la tendencia grave entre nuestros gobiernos no es ni la coacción ni el castigo, es la aprobación provisional de tímidos principios no vinculantes. Y, por tanto, ineficaces. El mundo sería mejor si se diera el trabajo de ser un poco más noruego. 

martes, 26 de junio de 2012

Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África (Libro Completo)



El libro Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en Africa -por Alain Deneault, en colaboración con Delphine Abadie y William Sacher - realiza un análisis crítico del rol de las empresas mineras canadienses en el continente africano. Contiene material muy valioso, desconocido en español, basado en fuentes secundarias. A raíz de este libro, publicado en 2008, en Canadá, por la editorial Ecosociété, los autores fueron querellados por la empresa Barrick Gold, acusados de difamación y demandados por 6 millones de U$.

En el marco de un perverso juego de asimetrías, durante tres largos años los autores tuvieron largas reuniones de mediación en Montréal, con los abogados de la Barrick Gold, al final de las cuales debieron ceder frente a las presiones corporativas y la dudosa neutralidad de la justicia canadiense, que tomó en cuenta muy parcialmente las alegaciones de los autores, entre otras, aquella que presentaron por "juicio abusivo".

Finalmente, éstos llegaron a un acuerdo extrajudicial, por el cual se detuvo la circulación de "Noir Canada" y la editorial debió pagar una suma significativa a la Barrick Gold.

En razón de ello, un grupo de intelectuales en su gran mayoría latinoamericanos y europeos decidimos encarar lo que denominamos originalmente como « Proyecto : Traductor@s y Coprrector@s Colectiv@s », con el objetivo de traducir el libro (los primeros 4 capítulos), a fin de acercarlo al lector hispano-parlante, desafiando la censura impuesta por la Barrick Gold -avalada por la justicia canadiense-, sobre la "no circulación del libro" ; medida que, estimamos, no tiene por qué alcanzar a nuestros países.

Nuestro propósito es el de alertar y denunciar la persecución judicial y la censura llevada a cabo por una gran empresa minera sobre un grupo de autores, lógica que no hace más que reproducir en otro campo las asimetrías propias que padecen las poblaciones en los territorios que hoy sufren el despojo de los bienes comunes.

En fin, creemos que la mejor manera de combatir la censura es difundir este libro, pedido que trasladamos a la comunidad de lector@s.

Leer/bajar el libro (PDF)

Indice


Introducción. Canadá en la "Mafriafrica" 

Tesis 1. Homicidio y genocidio involuntarios

Glosa 1- Sutton/Barrick: mineros enterrados vivos en Tanzania
Glosa 2- IamGold: genocidio involuntario en Mali
Glosa 3- Las mineras canadienses, el FMI y el Banco Mundial se juntan y reúnen en Ghana

Tesis 2. Contratos leoninos en el Congo-Kinshasa

Glosa 1. El amigo africano: el dictador Mobutu
Glosa 2- Detrás de Laurent-Desiré Kabila, la AMFI
Glosa 3- Lundin: la hemorragia del bien público congolés
Glosa 4- First Quantum Minerals: una mina de proyectos para el jubilado Joe Clark
Glosa 5- Anvil: la tele-realidad
Glosa 6- Metodología mafiosa de Kinross en Africa
Glosa 7- Emaxon: grandes amigos, cuentas poco claras

Tesis 3. Canadá omnipresente en la región de los Grandes Lagos

Glosa 1- La AMFI y Barrick Gold en los Grandes Lagos: "Oh, mis amigos, no hay ningún amigo"
Glosa 2- La memoria selectiva de Banro
Glosa 3- Heritage Oil prende fuego en el polvorín de Ituri
Glosa 4- Los amigos ugandeses de Heritage Oil y Barrick Gold

Tesis 4. Canadá como paraíso jurídico de empresas mineras y petroleras

Glosa 1-Vancúver, una Bolsa de Valores mafiosa es plataforma de lanzamiento de las empresas canadienses
Glosa 2- Toronto: la piedra angular del Canadá como paraíso jurídico de las empresas mineras.
Glosa 3-Talisman: ataques en el sur de Sudán,ceguera en Canadá 6
Glosa 4-Las empresas de mercenarios en Sierra Leona y Angola: el fin justifica los medios...
Glosa 5- Las amistades offshore de Canadá

Conclusión. De la gobernanza a la política

Leer/bajar el libro (PDF) : 
http://es.scribd.com/doc/93958387/Negro-Canada-Saqueo-Corrupcion-y-Criminalidad-en-Africa }

fuente : http://olca.cl/oca/costarica/mineracr02.htm

Proyecto minero de Pascua Lama


Pascua-Lama y Veladero


Ubicación:Cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 km al suroriente de la ciudad de Vallenar, Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región.
Afectados/as:Agricultores del Valle del Huasco, Población de Vallenar y pueblos vecinos.
Iniciadores/as:Asociaciones de agricultores
Pascua Lama es un proyecto de desarrollo minero que consiste en la explotación a rajo abierto de un yacimiento de minerales de oro, plata y cobre, y su procesamiento para obtener como productos metal doré (oro, plata) y concentrado de cobre.

El yacimiento se ubica en la Cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región. Las localidades más próximas son Chollay -por el Río Tránsito- y El Corral por el Río San Félix, ubicadas a 35 km y 55 km de distancia, respectivamente.

El proyecto tiene un carácter binacional, al considerar obras y operaciones tanto en territorio chileno como argentino. En Argentina, el proyecto se ubica unos 300 kilómetros al norponiente de la ciudad de San Juan, en el Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan.

El área de operaciones está establecida conforme a los Protocolos Adicionales 20 y 23 del 16º Acuerdo de Complementación Económica elaborado entre Chile y Argentina dentro del marco del Tratado de Montevideo de 1980.

En territorio chileno se desarrollará gran parte del rajo abierto y se construirá un botadero de estéril, un chancador primario, un complejo de mantención de equipos de mina y polvorín para el almacenamiento de explosivos. Estas obras se ubicarán en la cabecera del Río del Estrecho, tributario del Río Chollay, sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar.

En territorio argentino se desarrollará una porción menor del rajo y se construirá un botadero de estéril, las instalaciones de la planta de procesos, un tranque de relaves, los campamentos de construcción (para 4.000 personas) y operación (para 1.000 personas), además de un aeródromo privado.

El mineral será extraído de la mina a razón de 15 millones de toneladas por año y enviado a un chancador primario ubicado en territorio chileno, para reducir su tamaño. Luego será transportado por medio de una correa hasta las instalaciones del proceso que se ubicarán en territorio argentino, traspasando la frontera a través de un túnel de 2.7 kilómetros de longitud.

En la planta de procesos el mineral se someterá a operaciones de chancado secundario, molienda y lavado. El mineral denominado refractario será procesado mediante flotación convencional para obtener concentrados de cobre. El denominado no-refractario, así como los relaves de la flotación, serán procesados mediante lixiviación con cianuro de sodio, precipitación con zinc y refinación para obtener metal doré.

El requerimiento de agua para el Proyecto Pascua-Lama será de 370 l/s en total. Esta demanda será abastecida desde el Río de Las Taguas, en Argentina.

Existirá un acceso terrestre desde cada lado de la frontera. En Chile el acceso se realizará desde la ciudad de Vallenar, a través del camino que une esta ciudad con la localidad de Alto del Carmen, seguido por un camino secundario que se desarrolla a lo largo del valle del Río del Carmen.

El monto de la inversión se ha estimado en 950 millones de dólares. El Proyecto tiene una vida útil de 20 años según las actuales reservas, y anualmente producirá unas 5.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata.

Las empresas que desarrollan el proyecto son: Compañía Minera Nevada S.A. en Chile, y Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., en la Republica Argentina.
(Extractos de El Exilio de el Condor) 











fuente: http://olca.cl/oca/chile/pascualama.htm

lunes, 25 de junio de 2012

Industria minera amenaza al derecho fundamental al agua

Chile
Declaración de la Comisión de Derechos humanos de la ONU por caso Caimanes
13 de Junio de 2012
Industria minera amenaza al derecho fundamental al agua: El caso simbólico de la comunidad Caimanes en Chile

Exposición escrita conjunta presentada por France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand, American Association of Jurists, organizaciónes no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas especiales, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, organización no gubernamental reconocida en la Lista.

- El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

Consecuencias de la actividad minera sobre los derechos de los habitantes de Caimanes a tener acceso a un agua sana

Caimanes es una comunidad rural de Chile, ubicada a 200 kilómetros al Norte de la capital donde viven aproximadamente 1600 personas. Este lugar es el teatro de uno de los conflictos socio ambientales más emblemáticos de Chile. Concierne la instalación a cielo abierto de un depósito de residuos tóxicos perteneciente a la minera Los Pelambres, quienes han destruido el equilibrio ecológico de la cuenca.

La contaminación y la desviación de las corrientes de agua, la destrucción del patrimonio histórico, así que la considerable deterioración de la calidad de vida de las comunidades son los impactos más notorios del funcionamiento del depósito más grande de residuos a cielo abierto de América latina y tercero a nivel mundial, con una capacidad de 2.060 millones de toneladas de desechos.

La minera Los Pelambres presentó en 2003 un proyecto ante las autoridades para usar la propiedad agrícola "El Mauro", como estanque para sus desechos químicos. En 2005, el lanzamiento del proyecto provocó la expulsión de 23 familias, la destrucción del último bosque de canelos del Norte de Chile y la inundación de cementerios indígenas y de 140 sitios arqueológicos. Este proyecto provocó la desviación de las aguas del río Pupio hacia la minera, reduciendo a menos de 1/5 el caudal de las aguas destinadas a la comunidad en relación al caudal original, condenando a una paulatina desaparición de la actividad agrícola, y esto a pesar de que sea la base de la economía local.

Análisis recientes demuestran la presencia de metales pesados en el agua potable de la zona. Las napas freáticas son contaminadas con altos niveles de manganeso. Estas limitaciones van en contra de la ratificación por el Consejo de Derechos Humanos del 24 de Septiembre del 2010 de la resolución A/RES/64/292 pronunciada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, reconociendo el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un derecho fundamental.

Amenaza por la seguridad y la salud de los habitantes de Caimanes 

Los estanques en funcionamiento, y los cuatro otros que proyecta realizar la minera, están situados sobre fallas geológicas. La cumbre del estanque El Mauro alcanza 1000 metros de altura, cuando el pueblo de Caimanes se encuentra a 470 metros, y a una distancia de 10 kilómetros del estanque. En caso de derrumbe, en un país altamente sísmico, 2060 millones de toneladas de desechos tóxicos serían derramadas y los habitantes de los Caimanes sólo tendrían 5 minutos para escapar en caso de aviso inmediato.

Frente a la emergencia, la comunidad de los Caimanes exige ante todo una solución sostenible para tener acceso al agua potable, y también sistemas de alarmas, vías de socorros, sistema de rescate y simulaciones informáticas de derrumbe posible del estanque.

En el plano judicial, la Corte de apelación de Santiago (Resolución: 12.004-2005) dio la razón a la comunidad de Caimanes concluyendo que la minera no podía asegurar que las aguas no fueran contaminadas, pidiendo en la misma resolución la retirada del estanque de desechos. Sin embargo, el gobierno y la minera apelaron la decisión en la Corte Suprema, la cual en 2008, llamó las dos partes en encontrar una conciliación. El resultado fue un pago por parte de la minera de 23 millones de dólares a los abogados de los querellantes y dirigentes de la comunidad para obtener su consentimiento.

La comunidad de Caimanes se encuentra hoy en callejón sin salida. El actual abogado y uno de los dirigentes de la comunidad han sido acusados de "asociación ilícita" por la minera Los Pelambre. El juicio comienza el próximo 7 de Junio. Este juicio representa una amenaza grave contra los defensores de los derechos humanos en Chile. Esto implica una intimidación hacia la comunidad la cual no contará con representación ni defensa ante las actividades contaminantes de la minera. Limita también la posibilidad de encontrar soluciones sostenibles tanto ecológica como socialmente.

Lamentamos el silencio de las autoridades chilenas en este conflicto socio ambiental, quienes adoptan una doble posición: el problema es entre privados y el interés económico nacional tiene que primar por sobre el interés de las poblaciones locales.

Necesidad de la intervención de la Comunidad Internacional en Chile 

France Libertés ya transmitió estas informaciones en Abril de 2012 a M. Calin Georgescu, relator especial para las incidencias sobre los derechos humanos de la gestión y de la eliminación ecológicamente racional de los productos y desechos peligrosos y esperamos una reacción rápida frente a la urgencia de la situación.

El relator especial demostró en varias oportunidades la interdependencia de todos los derechos humanos en relación con el tema de los desechos peligrosos (derecho a la vida, a la alimentación, a la información, a la participación…).

Ya en 2008, el representante especial del secretario general encargado de los derechos humanos y las empresas multinacionales y otras empresas, consideraba que las empresas debían respetar todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al agua (A/HRC/8/5).

El relator especial sobre las consecuencias nefastas de los movimientos y derrames de productos y desechos tóxicos y nocivos para el goce de los derechos humanos, M. Okechukwu Ibeanu en su informe durante la 15ª sesión del CDH (A/HRC/15/22) recordó las normas internacionales vigentes respeto al asunto, especialmente la declaración de Río de Junio del 1992, la cual enuncia principios relativos a la protección de la salud humana y del medio ambiente contra la consecuencias nefastas de la gestión y la eliminación irracional de productos y desechos tóxicos y nocivos. La declaración de Río afirma también una serie de disposiciones relacionadas con el derecho internacional consuetudinario, entre las cuales el principio de justicia ambiental.

En su informe A/HRC/9/22/Add.2, este mismo relator dio cuenta de su misión en 2008 en Tanzania. Expuso sobre el impacto de las actividades mineras sobre los derechos humanos. Según el relator, el Estado debe velar por el respeto del derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano y el Estado debe controlar las empresas mineras, especialmente sus normas de seguridad y ambientales, de acuerdo con la legislación nacional e internacional.

El relator expresó su preocupación sobre el acceso al agua para las comunidades a causa de la desviación de los ríos hacia la minera, como la potencial contaminación de las aguas subterráneas provocada por los relaves. El relator informa que tuvo dificultad de acceso a las informaciones, puesto que las mineras hacen sus evaluaciones ellas mismas, de forma poco transparente y confiable. Esta situación, muy similar a la de Caimanes, llevó al relator a recomendar a los Estados mejorar su protección legislativa frente a esas empresas.

Además, la Comisión de los derechos humanos publicó el 26 de Agosto del 2003 (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2) "Normas sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas", subrayando que "Las (…) empresas llevan sus actividades de acuerdo con las leyes, (…) relativas a la preservación del medio ambiente vigente en los países donde actúan, así que en conformidad con los acuerdos, principios, normas, responsabilidades y objetivos internacionales respeto al medio ambiente (…)". La Comisión pide que los Estados pongan "en marcha y mejoren el marco jurídico y administrativo para velar a la aplicación para las empresas transnacionales y otras empresas de las normas y otros textos nacionales e internacionales pertinentes."

Estas líneas directivas deberían permitir defender los derechos de los habitantes de Caimanes, actualmente víctimas de una empresa que está afectando seriamente su derecho al agua, como sus derechos sobre sus recursos y su territorio.

Esta situación ilustra lo que viven a nivel mundial muchos otros pueblos y comunidades, enfrentados a la industria extractiva y su afán de sobreexplotación, y menoscabados en sus derechos fundamentales.

Recomendaciones 

El foro permanente de pueblos indígenas en su 11ª sesión, Mayo 2012, planteó los obstáculos al respeto de los derechos humanos generados por la industria extractiva. Ahora se hace necesario que el Consejo de Derechos Humanos trate este asunto de forma concreta.

Por su parte, France Libertés se hace el eco de la voz de los habitantes de los Caimanes y pide:

  • que el Estado chileno realice un estudio de impacto ambiental independiente en el sitio de los Caimanes, y especialmente sobre la contaminación del agua y el carácter sísmico del lugar;
  • que el relator especial M. Calin GEORGESCU efectúe una misión de terreno en Caimanes para constatar los impactos del estanque de desechos tóxicos sobre los derechos humanos de los habitantes de la comunidad;
  • que medidas de urgencia sean tomadas por el Estado chileno para asegurar la seguridad de los habitantes de Caimanes como su acceso al agua;
  • que el Estado chileno adecue su sistema jurídico con la exigencia de proteger los defensores de los derechos humanos y que rechace la criminalización de estos últimos;
  • que el Consejo ponga en marcha un proceso permitiendo la elaboración de líneas directrices rigiendo las relaciones entre Estados, pueblos e industrias extractivas. 

Naciones Unidas - Documento A/HRC/20/NGO/62
Consejo de Derechos Humanos
20 período de sesiones
Tema 3 del programa
Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo