 La magistrada que investigó la filtración del fallo del caso Crucitas, dijo que no se pudo establecer con certeza quién o quienes sustrajeron el documento. Julia Varela, magistrada encargada del órgano disciplinario contra el exmagistrado suplente, Moises Fachler, estableció en su informe presentado ante la Corte Plena el 12 de octubre pasado, que hubo un "plan de acción" para evitar la sentencia en el caso "Crucitas".
Fuente: CR Hoy
Según la magistrada, cuando los personeros de Industrias Infinito conocieron el informe el 15 de octubre del 2011, sostuvieron una reunión donde estuvieron, según Varela, los canadienses de la empresa, el exmagistrado Moisés Fachler y William Méndez, en ese momento vocero de la empresa minera. En la cita se establecieron varias acciones para que la Sala votara según lo establecía el borrador de la sentencia que fue sustraído del Poder Judicial.
Según señala Varela en el capítulo del informe denominado "Fondo del asunto", dicho "plan de acción" establecía: "...Informar a la propia Sala Primera de la Corte, de forma anónima, acerca de su conocimiento del contenido del proyecto preeliminar de sentencia, enviarle a la Presidenta de esa Sala una copia del borrador, por medio de una persona que no pudieran relacionar con su bufete; y pedirle a Willian Méndez Garita, para entonces vocero de Industrias Infinito y encargado de la coordinación de todas las áreas operativas, que enviara en forma anónima a los medios de comunicación colectiva el borrador, todo con el ánimo de provocar un escándalo en la prensa alrededor de ese hecho y con la evidente intención de evitar que la Sala Primera emitiera la sentencia con base en ese borrador que estaba revisando para la votación respectiva..".
Sacaron el borrador
Varela intentó por todos los medios establecer quién o quiénes fueron las personas que sustrajeron el borrador de la sentencia de la Sala Primera contra el recurso interpuesto por Industrias Infinito, en el caso "Crucitas", sin embargo, nunca pudo determinar con certeza quién lo hizo, según se desprende del informe que presentó ante la Corte Plena.
La magistrada escribió en su informe que, con respecto, a la sustracción del borrador de la sentencia, "...lo único que tenemos son indicios de personas que tuvieron la oportunidad de obtener ese documento...", señala la magistrada, según se establece en el acta de Corte Plena número 39-2012, del 12 de noviembre pasado.
La magistrada hizo una análisis de fechas para poder determinar a cuáles magistrados de dicha Sala había sustituido Fachler en el periodo de tiempo antes de que se diera la reunión del 15 de octubre con los personeros de Industrias Infinito, a quienes identificó con los nombres John Allan Thomas y John Robert Morgan.
En el apartado del informe titulado "Fondo del asunto", Varela establece que "...Sebastián Casas Zúñiga, estuvo de meritorio -aunque sin nombramiento formal- en el despacho de la magistarda Carmen María Escoto Fernández, desde mediados del mes de agosto hasta octubre del 2011, trabajando en la oficina de la letrada Amanda Madrigal Valerín...", indica el informe.
"...De manera que es coincidente ese período respecto al momento en que se dio la reunión en que se entregó el documento a una de las partes interesadas en el caso Crucitas (15 de octubre de 2011) y el licenciado Casas Zúñiga estuvo a cargo de la oficina de su padre Ciro Casas, quien era parte del equipo de estrategia de Industrias Infinito, ocupándose de la parte penal, y por estar éste fuera del país en el mes de octubre, Sebastián fue convocado a una reunión de estrategia y asistió, al parecer antes del 15 de ese mes y por esas fechas dejó de acudir a la oficina de la Magistrada Escoto Fernández...", señala el documento de la magistrada Varela.
Sin embargo, menciona la magistrada Varela en el informe, "...unido al retiro sospechoso del señor Casas de la oficina de la Magistrada Escoto, pues como a mediados de octubre dejó de asistir, sin dar una explicación ni a doña Carmen ni a su secretaria y cuando ésta última lo llamó, le dijo que no volvería porque había encontrado otro trabajo; y esa explicación no coincide con lo que declaró en este proceso, pues dijo que atendía algunos asuntos del bufete de su padre (Ciro Casas) y también se encargaba, desde meses atrás (antes del ingreso como letrado meritorio "de hecho" -porque evadió cumplir con los trámites normados para esos efectos-) de un negocio de cría de cerdos, propiedad de su familia; amén del temor que tuvo al venir a declarar, pues se hizo acompañar de tres abogados penalistas; circunstancias anormales que generan una fuerte sospecha de que esa persona pudo estar involucrada, como un tercero coadyuvante, en el proceso de obtención y salida de una copia del borrador de sentencia, pero no se puede afirmar...", dice el documento.
Exmagistrado tras parecer de titulares
También, como parte del capítulo "Fondo del asunto", Varela señala que el exmagistrado Fachler, intentó por todos los medios conocer el parecer de los magistrados titulares de la Sala Primera sobre la votación del caso "Crucitas".
"...Y estando en el ejercicio de la Magistratura, durante la primera de esas suplencias, al final de una reunión de votación, mostró un interés particular por cómo se iba a resolver el caso Crucitas; pues no solo abordó el tema, sino que quiso saber la opinión de los integrantes de la Sala Primera, señaló lo delicado del punto y lo relacionó con las necesidades de inversión extranjera y la problemática que ésta afrontaba ante la inseguridad de los sistemas jurídicos y jurisdiccionales producidos por los fallos de las distintas jurisdicciones y de la Sala Primera...", indica Varela.
"...Incluso su interés fue tal que los mismos Magistrados Escoto Fernández y González Camacho, manifestaron que les llamó su atención. Además, la primera se mostró sorprendida por las preguntas que le hizo, no solo en cuanto a su opinión sobre los temas tratados en el recurso, sino además, por la posición de los otros señores y señoras Magistradas. Esta búsqueda de información sobre la forma en que se visualizaba u orientaba la resolución del asunto Crucitas, también había sido efectuada por el licenciado Fachler con anterioridad, ya que en una oportunidad en que sustituyó a la Magistrada Escoto Fernández, entre junio y julio, preguntó a la letrada Amanda Madrigal Valerín, su criterio en relación con la cosa juzgada en el caso Crucitas...", menciona el informe de la magistrada.
El final del informe de Varela es comunicar a la Asamblea Legislativa lo siguiente: "...este Órgano Director del Procedimiento Disciplinario, respetuosamente recomienda a Corte Plena, salvo mejor criterio, comunicar a la Asamblea Legislativa que don Moisés Fachler Grunspan incurrió en conducta gravísima a sus deberes como Magistrado Suplente, al divulgar externamente el proyecto de sentencia de fondo, elaborado por la Sala Primera en el expediente número 08-001282-1027-CA (s5-SI-11), al entregarlo a personeros de Industrias Infinito, por lo que se hizo acreedor a la revocatoria de nombramiento como Suplente de esa Sala...".
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sábado, 15 de diciembre de 2012
Hubo un plan para evitar sentencia en caso "Crucitas"
viernes, 26 de octubre de 2012
El Oro de los Tontos - The Fools Gold
Pablo Ortega presenta otro ingenioso y agradable documental sobre la minería y la empresa Infinito Gold en Costa Rica.
Pablo Ortega presented another ingenious and enjoyable documentary about mining and the infinity Gold company. Costa Rica
viernes, 14 de septiembre de 2012
Diputados ratifican ilegalidad del uso de cianuro y mercurio en minería
Los legisladores de la Comisión de Ambiente aprobaron una moción para instar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y al Ministerio del Ambiente (MINAET), a cumplir la ley y rechazar recursos de la empresa para reabrir la colapsada Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas. La Comisión Permanente Especial de Ambiente aprobó, por unanimidad, una moción del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en la que se ratifica la letra y el espíritu de la reforma al Código de Minería, aprobada mediante la Ley No. 8904 del 19 de febrero de 2011, por la cual se prohibió el uso de cianuro y de mercurio en la minería.
La Comisión consideró necesario aprobar esta moción debido a que, a pesar de lo anterior, "la empresa minera insiste en obtener una autorización ilegal y ha presentado recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra lo resuelto por la SETENA."
El artículo 103 inciso k) de ese Código establece: Se considerarán factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes: (...) K) La utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. (...)".
Además de hacer esta ratificación, la moción aprobada insta a la Setena y al Minaet "a cumplir la ley y, como consecuencia, se proceda a rechazar los recursos presentados por la empresa Metales Procesados MRW S.A. contra la resolución de la SETENA Nº 0126-2012-SETENA de las 8 horas del 17 de enero de 2012, por cuanto la viabilidad ambiental solicitada para un nuevo proyecto de beneficiado de oro, mediante la utilización de cianuro es ilegal y resulta totalmente improcedente."
Esa resolución de Setena se basó en los decretos de moratoria Nº 35982-MINAET y 36019-MINAET que están vigentes y que efectivamente prohíben cualquier nuevo permiso para el beneficiado de oro.
"La ley no distingue en qué tipo de actividad minera. No dice que es solo para un tipo de minería. Se refiere a minería a cielo abierto y minería subterránea. Rige para todo tipo de actividad minera", argumenta la Comisión legislativa en la moción aprobada.
Los legisladores agregan que "esta reforma es un avance fundamental que prohibió el uso de sustancias tóxicas como el cianuro en cualquier tipo de actividad minera. Actualmente en América Latina hay una campaña para erradicar estas sustancias por su peligrosidad para el ambiente".
Igualmente, recordaron que el Parlamento Europeo acaba de tomar una resolución en el mismo sentido. Al aprobarla Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano que alcanza tan importante logro".
Además, hace ver que por esas razones "el uso del cianuro y el mercurio en el beneficiado de materiales de proyectos mineros también está prohibido."
Por otro lado, sostienen que el reglamento del Código de Minería define, en su artículo 4.4 beneficiado de materiales así: "4. Beneficio de materiales: Proceso industrial para mejorar física o químicamente el producto de la extracción minera, adecuándolo a determinado sector del mercado o a subsecuentes procesos de tratamiento."
"Es decir, si el beneficiado implica el uso de sustancias químicas y esa sustancia es cianuro, tal actividad también está prohibida por la ley, porque la reforma fue muy clara en prohibir el uso del cianuro en minería", concluye la moción.
Sobre la decisión de la Comisión, el diputado Villalta se mostró muy satisfecho con la acción de la Comisión y resaltó el compromiso con la defensa del medio ambiente manifestado por todas las fracciones legislativas que dieron su apoyo a esta iniciativa.
Villalta insistió en que la ley 8904 -a pesar de todas sus limitaciones- es clara en este punto. "El uso del cianuro en minería -cualquier actividad minera- está prohibido en Costa Rica. No se pueden autorizar proyectos nuevos. Esto incluye, por supuesto, nuevas plantas de "beneficiado de materiales". Seguiremos exigiendo que se cumpla la ley", reafirmó.
Finalmente, Villalta declaró a este medio que los recursos presentados por la trasnacional minera contra la resolución de SETENA "deben ser rechazados no solo por el decreto de moratoria, sino porque hay una prohibición legal expresa de usar cianuro en minería".
viernes, 15 de junio de 2012
Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto
La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua.
Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de "interés público" el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción.
Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina.
La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una instancia judicial superior.
La controversia
La empresa inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.
Después de que fuera presentado el recurso, otros países latinoeramericanos con proyectos similares mostraron interés por el caso.
El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.
La parte demandante argumentaba que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto
Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.
Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.
Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.
El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.
Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina
Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla "la forma de minería más devastadora", dijo uno de los diputados que la votó.
Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.
A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.
El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.
En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.
Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.
Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.
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