Astur Gold no usará cianuro pero hará flotación

La empresa cumple con uno de los condicionantes del Principado y opta por simplificar la planta de tratamiento. Proecesará el minera por el controvertido sistema de flotación, nombre más tolerable para un método que de todas maneras utiliza enormes cantidedes de agua junto con diversas sustancias químicas aglutinantes, algunas de elevada toxicidad. El concentrado de flotación resultante será enviado a una fundición, donde se culminará el proceso para obtener el mineral. Foto: vista de la localidad de Tapia de Casariego Fuente: La Nueva España La empresa Astur Gold no utilizará cianuro en el proceso de obtención del oro de Salave, en Tapia de Casariego. La compañía minera ha optado por simplificar su planta de tratamiento para producir «un concentrado de flotación que será enviado, posteriormente, a una fundición, donde se culminará el proceso de obtención del mineral». Su decisión se hace pública diez días después de que la Comisión para Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias (CAMA) autorizara el yacimiento con mina de interior y rechazara la construcción de la planta de tratamiento de mineral y el depósito de lodos estériles en las inmediaciones de Brul. Precisamente, este punto era uno de los más conflictivos para la puesta en marcha de la industria. La plataforma ciudadana Oro No, que rechaza la mina, y los grupos ecologistas alertaron de los daños ambientes que podrían tener sobre el terreno, más allá de la vida de la mina, una planta de tratamiento y las balsas de depósitos de estériles. También la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) cuestionó en un informe las garantías no contaminantes del proyecto tal y como lo planteaba la empresa. El organismo dependiente del gobierno central calificó de «graves» las «deficiencias» en el proyecto minero presentado por Astur Gold (que preveía la planta de tratamiento de mineral y el depósito de lodos estériles) y alertó de posibles daños en los cauces fluviales y en la playa de Tapia. La decisión de la empresa de «simplificar la planta de tratamiento» y no utilizar el componente químico (sal del ácido cianhídrico) es un paso más en la larga tramitacion de la la mina de oro de Tapia. Con la respuesta de la empresa minera a la resolución de la CAMA se salva el principal condicionante ambiental que exigía el Gobierno regional. La consejera de Fomento, Belén Fernández, aseguró el pasado 27 de noviembre que esta solución «permitirá compatibilizar la protección del medio ambiente con la defensa de la actividad económica». En su página web, la empresa anuncia la creación de 250 empleos directos y otros 250 indirectos, «que aportarán en salarios entre ocho y 10 millones de euros anuales durante la vida de la mina», una cifra que, según Astur Gold, «se incrementaría a 850 empleos directos durante la construcción de la planta, aportando un valor en salarios comprendido entre 18 y 22 millones de euros». Astur Gold mostró al principio reticencias al cambio planteado en el proyecto, pero se mostró «satisfecha» por el «hito histórico» que suponía la decisión de la CAMA. El presidente y director ejecutivo de Astur Gold, Cary Pinkowski, explicó ayer cómo será el proceso de obtención del mineral. «La flotación ha sido siempre parte del diseño de la planta y, ambientalmente, nuestra opción preferida, pero hasta que se pudo determinar que el concentrado era vendible no era realista comprometernos sólo a la flotación». La opción es más cara. El concentrado de flotación resultante será enviado a una fundición, donde se culminará el proceso para obtener el mineral. La empresa dijo ayer que, en la actualidad, mantiene «conversaciones con diferentes plantas con tecnología y capacidad para desarrollar esta fase». Es decir, de momento se desconoce dónde se trabajará con cianuro y dónde se extraerá el oro a través de un proceso de lixiviación.

La mina de Salave, pendiente del juez

Los opositores y los defensores de la explotación aurífera esperan la decisión del TSJA sobre si están vigentes los derechos mineros de Astur Gold en Tapia de Casariego, Asturias.

Fuente: La Nueva España

El proyecto de la mina de oro de Salave inicia unos meses decisivos. Antes de que finalice el año podría conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al respecto del recurso contencioso administrativo que la Plataforma «Oro No» cursó contra la Consejería de Economía y Empleo por no declarar la caducidad de los derechos mineros de la empresa Astur Gold en Tapia. La decisión del alto tribunal podría afectar directamente al proyecto con el que la minera pretende explotar el yacimiento aurífero de Salave.

El argumento defendido por la plataforma «Oro No», a través del despacho de abogados EcoUrban, es que las cinco concesiones mineras («Dos amigos», «Salave», «Figueras», «Ampliación Figueras» y «Segunda ampliación Figueras») debían considerarse caducadas por el incumplimiento de algunos de los criterios que exige el Reglamento General para el Régimen de la Minería. Uno de ellos se refiere a la nulidad cuando los trabajos no se inician en un año desde la concesión y otro a la ausencia de un plan de labores anual que la ley obliga a presentar.

Frente a la postura del colectivo vecinal, Astur Gold siempre ha defendido la vigencia de todas sus concesiones en Tapia. El Principado también ha avalado la vigencia de dichos permisos y por eso, agotada la vía administrativa y ante la desestimación del Gobierno regional, el colectivo decidió el pasado septiembre recurrir a la vía judicial.

La última noticia sobre el estado de este recurso la ha dado la propia empresa minera, quien ha emitido un comunicado en el que advierte a la plataforma de que de perder el pleito «la asociación y sus miembros deberán hacer frente a sus correspondientes costas». Desde el colectivo vecinal han querido dejar claro que en ningún caso el pago de las costas recaerá a nivel personal en los asociados de la plataforma: «La plataforma conoce sobradamente cómo es la aplicación del sistema de las costas judiciales».

El pasado 5 de julio la Consejería de Economía y Empleo notificó a Astur Gold, según la información emitida por la minera, la interposición de este recurso tras la desestimación del Gobierno regional de la petición de los opositores del proyecto minero.

Desde la aurífera también indican que la plataforma «se ha visto forzada a interponer este nuevo recurso, ya que el TSJA ha desestimado todos los intentos que hizo para tratar que se atendiera su solicitud dentro de otro recurso, también interpuesto contra uno de los derechos mineros de los que es titular Exploraciones Mineras del Cantábrico». Sobre este punto también ha expresado su opinión la Plataforma vecinal a través de su portavoz, Carmen Fernández: «El TSJA no llegó a pronunciarse en ningún momento sobre el asunto de la caducidad de las concesiones. Desde la plataforma siempre hemos mostrado nuestro absoluto respeto por la justicia y no pensamos entrar en ningún juicio paralelo».

Condena a España por el desastre ambiental de las minas a cielo abierto de León

Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.

En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.

En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.

El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".

Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.

El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.

"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.

fuente:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/24/actualidad/1322089211_850215.html

10 informes de Castilla y León advirtieron de ilegalidad de la mina de Laciana

Al menos 10 informes de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León advirtieron de que la mina de carbón de Feixolín ocupaba ilegalmente un monte protegido en el valle de Laciana (en el municipio de Villablino, León). Pese a esos dictámenes, la Junta permitió a la mina funcionar durante 10 años sin licencia ambiental ni urbanística. La empresa se enfrenta ahora a una multa de 170 millones que le impondrá el Ayuntamiento de Villablino, obligado por una sentencia judicial que declara ilegal la mina.

El 17 de mayo de 2005, el jefe del servicio territorial de medio ambiente de la Junta remitió un informe al juzgado en el que resumía la tramitación de la mina de Feixolín. La mina funcionaba desde 1995 pese a carecer de licencia, como después dictaminó un tribunal de León, que ordenó su cierre. El informe técnico destaca que 10 de las 16 peticiones de ocupación de suelo público que hizo la empresa nunca fueron autorizados por Medio Ambiente, que se opuso a la ocupación de monte público.

La Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) propiedad del empresario Victorino Alonso, ignoró las resoluciones contrarias, según el mismo informe: "Una vez comprobado que los terrenos estaban ocupados sin contar con resolución favorable, se procedió por parte tanto del agente forestal como de la sección territorial a denunciar los hechos". El texto admite que en la zona había urogallos antes de la mina y que la empresa había talado sin permiso 1.100 robles de más de cuatro metros de alto para abrir las carreteras de acceso a la mina. Pese a estos informes, el jefe de minas de Castilla y León declaró en el juzgado que en su opinión la mina era legal.

"Ilegalidad conocida"

Carlos González Antón, abogado del vecino que ha ganado el cierre de la mina, afirma: "Estos informes demuestran que la Junta, que es la competente en minas, conocía la ilegalidad cometida durante años". González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León, logró que el juzgado de lo contencioso declarase ilegal la mina y que, como resultado de esa sentencia, el ayuntamiento de Villablino haya impuesto una multa de 170 millones de euros a la empresa, la mayor minera privada de España. Esta es la mayor multa por infracción ambiental jamás impuesta en España, por encima de los 45 millones impuestos a Boliden por el vertido de Aznalcóllar. La empresa MSP anuncia que recurrirá la sanción a los tribunales.

La mina cerrará en marzo tras 12 años de explotación y haber agotado el yacimiento, ya que su vida estaba prevista inicialmente para 10 años. Ninguna administración pidió en ese tiempo el cierre de la explotación y fue un vecino, Antonio Arias Tronco, el que lo ganó en los tribunales. La zona es reserva de la biosfera, zona de protección del oso pardo y del urogallo y refugio de aves amenazadas como el roquero rojo o el halcón abejero, entre otras.

fuente: http://elpais.com/diario/2006/12/16/sociedad/1166223610_850215.html

PARLAMENTO EUROPEO PROHIBIÓ MINERIA A CIELO ABIERTO CON CIANURO

El Parlamento europeo prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la Unión Europea. Repercusiones en Mendoza.


El Parlamento europeo prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la Unión Europea, cerrando así las puertas a las mineras que no hayan superado la tecnología de ixiliación para la obtención de oro y plata. Para el Parlamento, la minería a cielo abierto con cianuro está clasificada como una de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente, y por ende en la diversidad biológica. Señala que estos daños no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra sino por el Estado, es decir, por los contribuyentes.

La noticia llega al Gobierno de Mendoza en momentos en que la gestión de Jaque apunta al despegue de la minería en la provincia y que funcionarios del Ministerio de Infraestructura como el Subsecretario Vázquez, la flamante Directora de Minería lanzan críticas contra la ley 7722, señalan que faltó consenso cuando se aprobó en 2007 que fue una ley politizada; que se aprobó bajo presión con cortes de rutas y hablan de la necesidad de una reforma para abrir la puerta a emprendimientos mineros de explotación metalífera. Se apunta a avanzar desde el punto de vista político en la rediscusión de la ley, porque a Jaque le queda menos de dos años de gobierno y no hay novedades de las 14 acciones de inconstitucionalidad por parte de mineras a la ley 7722. Ante esta noticia, sucede que esta ley que fue sancionada en 2007, instauró en Mendoza desde hace tres años lo que hoy establece este contundente pronunciamiento del Parlamento europeo a los países del primer mundo.

Es decir, prohíbe el uso de sustancias contaminantes como el cianuro. Sobre este tema el autor de la ley, el entonces senador y hoy Intendente de San Carlos, Jorge Difonso, dijo que “esto es muy importante porque cuando sancionamos la ley 7722 en Mendoza, se dijo que había faltado discusión; de que quienes la proclamábamos teníamos posturas extremas y fundamentalistas; y hoy con una mayoría abrumadora de más del 70 % del Parlamento europeo se ha establecido los mismo y no solo eso, sino que aquellos proyectos que estén en camino o en vías de ejecución en Europa antes de diciembre de 2011, deben transformarse en proyectos que sean ecológicamente sustentables”. “Esto quiere decir que no va a poder ejercerse la minería metalífera con cianuro en Europa”. “Eso para nosotros es muy importante y Mendoza en este punto demuestra haber estado a la vanguardia y adelantado, inclusive respecto del Parlamento europeo”.

El funcionario agregó que “estamos mandando una nota a la presidencia de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, solicitando de que se apruebe como ley nacional lo que ya se aprobó en siete provincias, inclusive Mendoza. Y Además estamos girando a distintas Legislaturas de la Argentina, inclusive la vecina provincia de San Juan, La Rioja y Catamarca, para que se adopte el mismo sistema porque en las cuestiones ambientales no se reconocen los límites geográficos y esto es lo que ha hecho el Parlamento europeo hoy”. “Porque esto existía en algunos países pero no en todos. No nos sirve de nada tener a salvo nuestra agua en defensa de la vida en Mendoza, si San Juan sigue haciendo lo que hace porque la contaminación que puedan generar allí, no va a reconocer los límites y en cualquier momento llegan a Mendoza también”.




fuente : http://aportesaldebate.blogspot.com.ar/2010/11/parlamento-europeo-prohibio-mineria.html