Viernes 26 de Octubre de 2012 17:04 |
En
esta 4 Marcha Carnaval en la que confluyeron líderes sociales de la
región y del país, es justo resaltar el surgimiento desde la tierra de
los pijaos de un proceso de orden nacional que se propone detener la
implementación de los proyectos mineros a cielo abierto, la minería
contaminante de suelos, aguas y aire, exigir el derecho de consulta
popular de todos los sectores sociales frente a cualquier tipo de
megaproyectos que afecten la vida de las comunidades. "DECLARATORIA CUARTA MARCHA CARNAVAL" Se fortalece la construcción de un proceso amplio, transparente y raizal en la lucha por el agua, la vida y la soberanía. Por Comité Ambiental en Defensa de la Vida+ El país y particularmente el gran Tolima, atraviesa una grave crisis ambiental, económica, política y social que ha prendido las alarmas de diferentes instituciones sociales, académicas, ambientales y de ciudadanos con alta sensibilidad ambiental y con arraigo a éste territorio, que constatamos cada día la expulsión y empobrecimiento de cientos de familias, la entrega de nuestras riquezas naturales y la campante injerencia de grandes poderes económicos que inciden en el Estado para el beneficio de sus intereses particulares avasallando el interés general de los colombianos. La actual planeación y ordenamiento de nuestros territorios contribuye a degradar la base natural y los bienes comunes como lo son los ríos, las cordilleras, los páramos, los valles interandinos, los mares, las selvas y también la capacidad productiva local, regional y nacional. Nuestros gobernantes establecen alianzas a favor de las empresas multinacionales y desconocen el derecho legítimo de las comunidades a decidir sobre el presente y futuro de sus territorios y también a favor de los derechos de la naturaleza. Sin un modelo de desarrollo que defienda y proteja estos bienes comunes, no es posible la vida digna de las comunidades ni será posible defender el patrimonio natural para que las generaciones venideras puedan ejercer el derecho a la vida. El Gobierno colombiano, sin consultar al pueblo, sin respetar las condiciones de gran vulnerabilidad y biodiversidad del país y sin el consentimiento de las comunidades que tienen asiento histórico en Ibagué – Colombia – Universidad – El Mundo – Octubre 24 de 2012 determinadas regiones de Colombia, ha decidido convertir el país en un país de producción minero-energética con el objeto de entregar nuestras riquezas naturales a las transnacionales y beneficiar a una reducidísima élite global. Este modelo minero-energético en todos los casos en Colombia no es sostenible, no es de producción limpia y menos aún responsable. Por el contrario es una actividad económica que genera severos y negativos impactos sociales, económicos y ambientales que han significado y significarán enormes costos y pasivos ambientales para los territorios, las comunidades locales y el Estado. Los conflictos socio ambientales que se han venido gestando y manifestando desde hace más de una década en el país, hoy se intensifican y hablan de una verdad que el gobierno no quiere oír y que son la respuesta organizada desde las comunidades y los pueblos que van a ser directamente afectados en sus derechos, supervivencia y dignidad a un modelo de desarrollo encarnado en las locomotoras de la Prosperidad Democrática que ahonda los riesgos de un desastre ambiental y amenaza el derecho a la vida. Como respuesta se evidencia una costosa y agresiva militarización en contra de las comunidades y personas que defendemos derechos humanos, sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales; la violación de la soberanía territorial de los pueblos y de las comunidades; la sobreexplotación y pauperización de las comunidades y trabajadores; la degradación del entorno ambiental, el incremento de la corrupción, el deterioro de los procesos de participación y decisión de las comunidades de base en la vida del país. En medio de la esperanza de cierre del conflicto armado, preocupa el camino del gobierno frente a la paz que piden las comunidades y pueblos, que no es otra que el del respeto por los recursos naturales, el desarrollo de políticas que respeten el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de los bienes comunes y las garantías para ejercer el derecho a decidir el rumbo de nuestros territorios y nuestro país. En esta 4 Marcha Carnaval en la que confluyeron líderes sociales de la región y del país, que sesionaron en las instalaciones de la Universidad del Tolima los días anteriores en el marco del II Foro Regional Socio-Ambiental del Tolima y el I Congreso Departamental Agrario, es justo resaltar el surgimiento desde la tierra de los pijaos de un proceso de orden nacional que se propone detener la implementación de los proyectos mineros a cielo abierto, la minería contaminante de suelos, aguas y aire, exigir el derecho de consulta popular de todos los sectores sociales frente a cualquier tipo de megaproyectos que afecten la vida de las comunidades. En el avance de este lineamiento de carácter social y colectivo, hemos creado un proceso de articulación nacional de afectados por la Anglogold Ashanti, cuyo objetivo es expulsar de nuestros territorios a estos ecocidas y defender la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional. Invitamos a todas y todos los colombianos comprometidos con el país a participar de éste proceso, el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida es un escenario abierto en el que confluyen y deberán confluir los hombres, mujeres, jóvenes, niños, y ciudadanos que sentimos como propias la riqueza de un país que hoy se ve amenazado por la voracidad de los grandes negocios minero-energéticos que han dejado en cientos de lugares del planeta: desolación, pobreza, desertificación e incluso guerras. |
4TH MARCH CARNIVAL "YES TO LIFE NO TO THE MINE"
Friday, October 26, 2012 17: 04
In
this 4 March Carnival in which converged leaders of the region and the
country, it is fair to highlight the emergence from the land of the
pijaos of a process of national order that intends to stop the
implementation of mining projects to open-pit mining pollution of soil,
water and air, demand the right of popular consultation of all sectors
of society against any type of mega-projects that affect the life of the
communities.
"FOURTH DECLARATION MARCH CARNIVAL"
Strengthen the construction of a comprehensive, transparent and raizal process in the struggle for water, life and sovereignty.
By environmental Committee in defence of the life +
The
country and particularly the great Tolima, passes through a serious
environmental, economic, political and social crisis that has ignited
the alarms of various social, academic, environmental institutions and
citizens with high environmental sensitivity and attachment to this
territory, which we see every day the expulsion and impoverishment of
hundreds of families, the delivery of our natural wealth and biggest
interference of great economic powers affecting the State for the
benefit of their interests, overpowered the general interest of the Colombians.
Current
planning and management of our territories contributes to degrade the
natural base and common goods such as the rivers, mountain ranges, the
Moors, the valleys Andean valleys, seas, forests and local, regional and
national capacity. Our rulers established
alliances in favour of multinational enterprises and are unaware of the
legitimate right of the communities to decide on the present and future
of their territories and also the rights of nature. Without
a model of development that defends and protects these common goods,
the life worthy of the communities is not possible or will be possible
to defend the natural heritage so that future generations can exercise
the right to life.
The
Colombian Government, without consulting the people, without respecting
the conditions of great vulnerability and biodiversity of the country,
without the consent of the communities that have historic seat in Ibague
- Colombia - University - the world - October 24, 2012 certain regions
of Colombia, has decided turn the country into a country of production
derived in order to deliver our natural wealth to transnational
corporations and benefit to a small global elite.
This energy model in all cases in Colombia is not sustainable is not clean and even less responsible for production. On
the other hand is an economic activity that generates severe and
negative social, economic and environmental impacts that have meant and
mean huge costs and environmental liabilities for the territories, local
communities and the State.
The
socio-environmental conflicts that have been brewing and demonstrating
for more than one decade in the country, intensify today and speak of a
truth that the Government does not want to hear and that are organized
from communities and peoples response that will be directly affected in
their rights, survival and dignity to a model of development embodied in
the locomotives of the democratic prosperity which deepens the risk of
an environmental disaster and It threatens the right to life.
Response
is evidence of a costly and aggressive militarization against the
communities and people we defend human rights, social, economic,
environmental, political and cultural; the violation of the territorial sovereignty of the peoples and communities; overexploitation and impoverishment of communities and workers; the
degradation of the environment, the increase in corruption,
deterioration of the processes of participation and decision-making in
communities in the life of the country.
Amid
the hope of closure of the armed conflict, the way of the Government
against peace asking communities and peoples, which is none other than
the respect for natural resources, the development of policies that
respect the right of future generations to enjoy common assets and
guarantees for the right to decide the direction of our territories and
our country is concerned.
In
this 4 March Carnival in which converged leaders of the region and the
country, which sessions onsite at the University of Tolima the days
within the framework of the II Forum Regional Socio-environmental of the
Tolima and the I Congress departmental agrarian, is just highlight the
emergence from the land of the pijaos of a process of national order
that intends to stop mining open pit projects implementation,
mining polluting soil, water and air, demanding the right of popular
consultation of all sectors of society against any type of mega-projects
that affect the life of the communities. In
advance of this outline of social and collective, we have created a
process of joint national affected by Anglogold Ashanti, whose objective
is to expel from our territories to these ecocidas and defend life and
the stay in the territory and national sovereignty.
We
welcome all and all Colombian citizens committed to the country to
participate in this process, the Environmental Committee for the defense
of life is an open scenario in which converge and must converge men,
women, youth, children, and citizens who feel as their own the wealth of
a country that is today threatened by the voracity of large
minero-energeticos businesses that have left hundreds of places on the
planet: desolation, poverty, desertification and even wars.
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